El archivo de la denuncia de ELA de las vacaciones fiscales muestra que el sistema deja a la ciudadanía indefensa ante actuaciones ilegales

La Fiscalía del País Vasco ha archivado las Diligencias de Investigación incoadas tras la denuncia presentada por ELA sobre las vacaciones fiscales. Ante este archivo, ELA quiere señalar lo siguiente:

a.- En relación a los hechos que reconoce la fiscalía:

1. El Decreto de la Fiscalía reconoce que “es incuestionable que se produjo un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, lo que ha conllevado una multa de treinta millones de euros, que ya ha sido pagada”.

2. Asimismo el Fiscal reconoce que “los responsables de las haciendas de los tres territorios obraron incorrectamente tras ser requeridas para el cumplimiento íntegro de la sentencia (...), lo que al final ha sido pagado por la Hacienda, es decir, por el dinero de los ciudadanos”. El Decreto del fiscal dice asimismo que las Diputaciones han actuado “por medios contrarios a derecho, como se comprobó posteriormente”.

3. Según el Fiscal, “la gestión de los intereses públicos se puede realizar con mayor o menor acierto y a veces con claro desacierto”. Es claro que esta última parte, la del claro desacierto, se refiere a lo ocurrido con las vacaciones fiscales.

b.- Valoración sobre el archivo decretado y las consecuencia políticas del mismo:

1. Para ELA no es creíble que el retraso de ocho años en la obligación de recuperar el dinero de las vacaciones fiscales, que es la causa de la multa impuesta, se haya producido de manera involuntaria. Algunas personas, en nuestra opinión sabedoras de lo que hacían, decidieron incumplir aquella sentencia. El propio Decreto de la fiscalía señala que “ha sido el propio tribunal europeo (...) el que ha obligado (…) a las Diputaciones Forales a ejecutar su sentencia mediante la amenaza de la multa finalmente impuesta”. Es decir, queda probado que las haciendas comenzaron a solicitar la devolución de la mayoría de las ayudas cuando vieron que se iba a imponer una multa cuya cuantía aumentaba por cada día que se retrasaba la devolución de las empresas. Lo que hasta entonces había sido complicado dejó de serlo por arte de magia.

2. ELA considera muy grave que una actuación como la realizada por las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el caso de las vacaciones fiscales no conlleve responsabilidades de ningún tipo, ni administrativas, ni políticas, ni penales. Nos parece impropio en una sociedad democrática. El pago con dinero público de una multa de de 30 millones de euros, por el hecho “incuestionable” de haber incumplido una sentencia, nunca debería quedar sin sanción para los responsables.

3. El archivo de la denuncia es una mala noticia al evidenciar una falla muy grave en el sistema. Un sistema fiscal, el vasco, completamente opaco en su funcionamiento, que deja a la ciudadanía indefensa ante hechos muy graves y que deja sin sanción actuaciones totalmente rechazables.

4. A ELA le llama poderosamente la atención la falta de iniciativas políticas que tengan como objetivo la exigencia de transparencia y participación social en materia fiscal. De haber existido, hechos como este nunca se hubieran producido.

COMITÉ EJECUTIVO DE ELA