ELA se muestra partidaria de derogar la ley del profesado de religión

ELA, en el año 2022, mostró su disconformidad con la ley aprobada por Navarra Suma y Geroa Bai, una ley que provocó un trato discriminatorio respecto al resto del profesorado. En ese momento el sindicato considero que la reducción de la asignatura promovida por la LOMLOE en Educación Infantil y Primaria no debía impedir la búsqueda de una solución consensuada, negociada y acordada con la representación sindical para el personal de religión. Esa solución tendría que haber conjugado los derechos laborales del profesorado de religión y los derechos laborales del resto del profesorado de la educación, algo que en la ley aprobada en 2022 no sucedió.

ELA se reafirma en su rechazo a los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, y la situación de excepcionalidad que se le concede a la Iglesia Católica en diversas materias, entre ellas en la Educación. En ese sentido, ELA cree que la competencia educativa en su totalidad, así como el currículum educativo y la contratación del personal, debe corresponder en exclusiva y sin ningún condicionamiento al Gobierno de Navarra. En esa misma línea, el sindicato considera que debe suprimirse la enseñanza de las religiones confesionales. Por ello, instamos al Gobierno de Navarra y a los partidos que lo apoyan a superar el actual marco normativo de la LOMLOE, el cual apuesta por el mantenimiento de la asignatura de religión confesional.

Por todo lo anterior, ELA considera indispensable que, además de la derogación de la ley de 2022, el Departamento de Educación lleve a cabo un proceso de negociación real con la representación sindical que dé solución al profesorado de religión garantizando sus derechos laborales. En opinión del sindicato este proceso debe cumplir con toda la normativa propia del personal docente al servicio de la Administración de Navarra, al igual que el resto del profesorado. Asimismo, el proceso debe incluir una transición que finalice con la desaparición de la asignatura confesional y en el que se respete los derechos laborales de las y los actuales docentes de religión, un colectivo que en 2013 sufrió despidos por parte del arzobispado y del gobierno de UPN aplicando la indemnización mínima de 20 días establecida en la reforma laboral de Rajoy.