ELA recuerda que el acuerdo del 0,3% en el sector público no defiende el autogobierno sino que se limita a aplicar un acuerdo alcanzado de Madrid

Fruto del acuerdo alcanzado en marzo de 2018 por el ministro del PP, Montoro, y los sindicatos UGT y CCOO, se estableció el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Públicas, usurpando las mayorías sindicales y políticas de los empleadas y empleados públicos. Se trata de un acuerdo para el periodo 2018-2021, pero el Estado impone un requisito: que Navarra acabe con superávit presupuestario esos años. Es decir, para que ese 0,30% se reparta, Navarra debe acabar cada ejercicio presupuestario con más ingresos que gastos, sin importar todas las necesidades sociales que queden sin cubrir (en Navarra 83.000 personas se encuentran en situación de pobreza, por poner un ejemplo). La obligación de acabar los ejercicios con superávit es la base de la política neoliberal. La crisis económica fue aprovechada por la Unión Europea para imponer la política de austeridad, una política que ha tenido unas consecuencias nefastas para la clase trabajadora.

En octubre de 2018, el Gobierno de Navarra, junto con los sindicatos LAB, UGT y CCOO, alcanzaron un acuerdo sobre el reparto de ese 0,3%. Este acuerdo fue puesto en cuestión por el Estado, quedando congeladas algunas de las medidas aprobadas. Madrid no sólo decide cuánto y cómo deben de percibir los salarios los/as trabajadores/as de la Administración Navarra, sino también cómo deben hacerlo.

Mediante acuerdo alcanzado por la Junta de Cooperación de la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra se ha dado luz verde a la forma de reparto del 0,3%, con respecto a la cuantía para el año 2018. En el mismo, se establece literalmente que “ha quedado justificado el respeto a los límites que en materia salarial contiene la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2018”.

Para ELA, que Gobierno de Navarra, LAB, CCOO y UGT se congratulen de que sea Madrid quien decide cómo, cuando y cuanto deben percibir las trabajadoras y trabajadores de la Administración Foral constituye una mala noticia, y más aun cuando se califica el acuerdo como un hecho histórico en la defensa del autogobierno. No sólo porque se usurpan las competencias y las mayorías de la Mesa General de la Administración de Navarra, sino porque esas medidas son totalmente insuficientes, no revierten los recortes producidos y están totalmente condicionadas a las políticas de austeridad impuestas desde el Estado.