ELA exige a Pradales y Chivite que no aprueben los presupuestos sin destinar al menos el 1% del PIB a Vivienda
La huelga general del 11 de noviembre debe marcar un antes y un después en las políticas de vivienda de Hego Euskal Herria. 200.000 personas salieron a las calles durante las movilizaciones de la mañana. A esta cifra hay que sumar a todas las personas que se movilizaron por la tarde, todavía sin contabilizar, en una jornada de huelga para exigir el fin de la especulación inmobiliaria y reclamar que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho garantizado. Además, en las movilizaciones también se reivindicó un salario mínimo propio de 1.500 euros y subidas salariales que permitan hacer frente al encarecimiento de la vida.
Amaia Muñoa, secretaria general adjunta de ELA, ha calificado la jornada de ayer como un hito en la movilización sindical y social: “Es el resultado de un largo trabajo sindical y, en esta huelga general, especialmente del trabajo de organización que los sindicatos de vivienda de Euskal Herria llevan desarrollando desde hace tiempo”.
Muñoa ha advertido de que los gobiernos de Pradales y Chivite, así como las diputaciones forales y los ayuntamientos, no pueden actuar como si no hubiera pasado nada. “Tienen la responsabilidad de escuchar las reivindicaciones de la mayoría social y adoptar medidas urgentes”, ha subrayado.
La crisis de vivienda es consecuencia de décadas de decisiones políticas que han antepuesto los intereses empresariales al derecho a la vivienda. Para Muñoa, “Los Gobiernos de Pradales y Chivite han favorecido el negocio de las empresas constructoras, han impulsado un modelo basado en la compraventa que ha permitido lucrarse a los bancos y han consentido el desmantelamiento de la vivienda protegida”.
“El resultado es un modelo que genera pobreza, desigualdad y exclusión, mientras la vivienda se convierte en una fuente de enriquecimiento para la clase rentista y los fondos buitre”, ha señalado la secretaria general adjunta.
Para Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, una clara muestra de la falta de voluntad política se refleja en los presupuestos para 2027. “En plena crisis habitacional, el Gobierno Vasco destina únicamente el 2,8% de su presupuesto a vivienda y el Gobierno de Navarra apenas el 1,6%.”. Estos presupuestos han sido presentados como si no hubiera un problema con la vivienda en Hego Euskal Herria. “Son unos presupuestos que dan la espalda a todas aquellas personas que tienen problemas para acceder a una vivienda digna”.
Además, en el caso del Gobierno Vasco se destinan más recursos a prestaciones de vivienda que a la construcción de vivienda protegida. Las ayudas económicas no pueden sustituir la creación de un parque público suficiente.
Esta insuficiente inversión pública ha provocado que el parque de vivienda protegida en alquiler represente únicamente el 2,6% del total de viviendas en la CAPV y el 2% en Navarra, porcentajes muy alejados de la media europea del 6,5% y del 23% de ciudades como Viena.
No se puede garantizar el derecho a la vivienda con un parque público tan reducido ni continuar destinando recursos públicos a un modelo que beneficia principalmente al negocio inmobiliario.
Lakuntza considera que la movilización histórica de ayer obliga a los Gobiernos de Pradales y Chivite, así como a las Diputaciones y municipios, a tomar decisiones concretas para acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. Para ELA es necesario:
• Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
• Impedir la compra de viviendas y suelo por parte de empresas con fines especulativos.
• Prohibir los alquileres de temporada y limitar y reducir progresivamente las viviendas turísticas para que prime el derecho a la vivienda por encima del uso turístico.
• Asimismo, los gobiernos de la Pradales y Chivite deben asumir directamente la aplicación de un canon o impuesto efectivo sobre las viviendas vacías, sin dejar en manos de los ayuntamientos esta decisión. Mantener una vivienda vacía debe resultar caro para los propietarios. De esta forma se potenciaría la movilización de 40.000 viviendas en el corto plazo.
• Duplicar el presupuesto para vivienda hasta los 1.103 millones (1% del PIB) en la CAPV y los 300 millones Navarra en el corto plazo, con el objetivo de aumentarlo hasta el 2% del PIB en el medio plazo. No deberían aprobarse presupuestos que no contemplen un incremento sustancial de los recursos destinados a garantizar este derecho.
• Destinar parte del presupuesto para crear y dotar una banca pública que tenga como objetivo financiar la construcción de vivienda protegida en alquiler y ofrecer créditos a las familias sin someterlas a la lógica del beneficio bancario.
• Se deben aprobar las reformas legislativas necesarias para garantizar la calificación permanente de todas las viviendas protegidas e impedir que miles de ellas terminen incorporándose al mercado libre.
ELA exige compromisos concretos, cambios legislativos y presupuestos que permitan garantizar el derecho a la vivienda. “Después del 11 de noviembre, continuar con las mismas políticas sería dar la espalda a miles de trabajadores y trabajadoras que han exigido otra política de vivienda”.