El acuerdo alcanzado en el sector de la Enseñanza de la CAPV no solventa los graves problemas ni responde a las reivindicaciones de las/os trabajadoras/es

El acuerdo que han suscrito el Gobierno Vasco y los sindicatos STEILAS, LAB, CCOO y UGT sigue sin responder ni a la grave situación de la Educación Pública, ni a las reivindicaciones que han llevado a las trabajadoras/es a secundar ampliamente 7 días de huelga. Así pues:

• Recoge la convocatoria de hasta 5.500 plazas a OPE, 500 de ellas condicionadas a la entrada en vigor del acuerdo firmado a nivel estatal. Menciona la posibilidad de convocar unas 500 plazas más a OPE, pero sin adoptar ningún compromiso y desviando el estudio de esta posibilidad a una comisión futura. Por tanto, además de tratarse de una medida sin garantías de aplicación, considerando que hay 9.800 temporales (una tasa del 38%), la interinidad se reduciría al 28% durante esta legislatura, tasa muy lejana al 6% reivindicada por los sindicatos. Además tampoco se establecen formulas ni compromisos ciertos para posibilitar su consolidación al personal que ha sido condenado a la temporalidad durante años.

• Respecto a las plantillas, funcionamos con 1.800 puestos menos de los que corresponderían de haberse creado el número de aulas que requiere el incremento de matriculación. Asimismo, el ratio de alumno/a por aula se ha incrementado en un 9,1%. Por una parte, el acuerdo suscrito recoge algunas medidas que responden de forma muy limitada a esta situación (80 nuevos puestos para toda la legislatura en Formación Profesional y un incremento de entre 1/2 profesor/a y profesor/a y medio/a en función de la cantidad de aulas, sólo en caso de que el ratio medio sea de 20 alumnos/as y únicamente en aulas de 3 años de educación infantil). Ha desaparecido la propuesta de la doble tutoría para primaria. Tanto para esta etapa como para secundaria, el texto suscrito recoge la aplicación de un índice de necesidades educativas a fin de identificar las necesidades educativas de cada centro o aula y asignar apoyos adicionales cuando lo considere oportuno. El texto prevé su aplicación inicial en primaria y 1º y 2º de secundaria, y apunta la posibilidad de aplicarlo en 3º y 4º de secundaria, previa valoración de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. Ello supone mantener el aumento del ratio de alumnos/as por aula que se ha venido produciendo desde 2010, con los problemas que conlleva para el desarrollo del proceso educativo. ELA defiende la asignación de recursos adicionales a centros y aulas que así lo necesiten, siempre y cuando también se solucione el problema estructural y generalizado de aumento de ratios y se trate de un índice cuyos criterios de aplicación sean concretos, conocidos y acordados.

• El profesorado ha experimentado una pérdida de poder adquisitivo del 15%, lo que supone una pérdida acumulada de entre 32.000 y 41.100 € en función de la categoría o cuerpo. El documento suscrito no recoge ningún planteamiento para la recuperación de esa pérdida.

• No hay propuesta alguna sobre la recuperación de las primas de jubilación, a pesar de de que en los últimos días el propio Parlamento Vasco haya instado al Gobierno a dar pasos en este sentido.

• Las bajas seguirán estando penalizadas, ya que el texto firmado tampoco garantiza la recuperación del complemento de bajas.

Gracias a las movilizaciones y huelgas que hemos impulsado hemos obligado al Gobierno a dar pasos en sus propuestas iniciales, como, por ejemplo, el establecimiento de las sustituciones desde el primer día en todas las etapas. No obstante, los contenidos del acuerdo hoy suscrito están lejos de revertir los brutales recortes aplicados en los últimos años en nuestro sistema educativo y volver a la situación anterior.

Las trabajadoras/es de la educación pública, el colectivo que vive y padece en primera persona esta situación, han demostrado que están dispuestas/os a secundar las movilizaciones necesarias para dar la vuelta a esta situación siempre que haya quien impulse dicho camino.

Por todo ello, ELA seguirá trabajando por impulsar la movilización necesaria a fin de que el Gobierno responda a nuestras reivindicaciones.