El Pacto Educativo carece de las suficientes garantías democráticas, y el Gobierno vasco pretende vetar debates y compromisos

El pasado 25 de septiembre, en plenas movilizaciones en la enseñanza, el departamento de Educación anunció a bombo y platillo un proceso que debería desembocar en un pacto, que a su vez serviría de base para una Ley de Educación. En la reunión a la que asistieron diversos agentes del sector, la consejera planteó cinco ámbitos a trabajar hacia el pacto de Educación: convivencia, lenguas, evaluación, modernización de la enseñanza y autonomía de los centros.

Los grupos de trabajo constituidos para trabajar estas cuestiones han sido designados por el Gobierno, que ha decidido no solo quién acude en nombre de cada agente, sino también en qué grupo de trabajo, negándonos la posibilidad de decidir. Además, concede la misma presencia y capacidad de propuesta a agentes con una representación muy amplia en todos los ámbitos y a otros que solo están presentes en ámbitos muy concretos o parciales, o bien apenas tienen representación.

ELA hizo llegar a la consejera Uriarte, en la reunión y posteriormente, varias reflexiones y peticiones: La voluntad del sindicato de debatir a fondo sobre nuestro sistema educativo y buscar soluciones acordadas para los problemas existentes. Pero también dijo que el proceso presentado tiene graves deficiencias en cuanto a contenidos y procedimiento.

En primer lugar, el departamento de Educación no ha dado a conocer públicamente cuál es en su opinión el eje del sistema educativo, ni cuáles son sus prioridades, o cómo piensa afrontarlas. Por ejemplo, no ha aclarado si impulsará un sistema que refuerce la educación pública y sitúe a esta como eje central, o si tiene intención de mantener la situación actual; si seguirá con el mismo modelo de inversión y financiación existente hoy o hay alguna posibilidad de aproximarse al modelo nórdico.

Educación no es un agente más, y la responsabilidad y poder que tiene en este proceso no es comparable al de otros agentes. Por tanto, antes de abordar este proceso es imprescindible que aclare su modelo educativo y las intenciones que tiene. De otra manera, existe el riesgo de que el proceso siga una agenda oculta, que el gobierno utilice a su favor caso de que el proceso cumpla las intenciones ocultas del gobierno, o dejarla a un lado si hace que afloren intereses contrarios.

El hecho de que el gobierno decida el contenido y la composición de cada grupo de trabajo, limite la posibilidad de estar en uno u otro y otorgue el mismo peso -nada proporcional- a agentes con una presencia y representación muy dispar en los diferentes ámbitos educativos es contrario a la participación y los procedimientos democráticos. En opinión de ELA, es una condición democrática imprescindible es que podamos participar en los grupos que decidamos, mediante las personas que consideremos oportunas, con una representación acorde con la presencia de cada agente en los diversos ámbitos educativos.

Tanto en la reunión de presentación como luego por escrito, ELA ha solicitado a la consejera Uriarte que se formen los grupos de debate y trabajo fundamentales para un posible pacto.

Tomando como punto de partida los déficit de nuestro sistema educativo y la baja inversión del Gobierno en relación con la riqueza que se genera en nuestro país, hace falta un grupo de trabajo que reflexione y adopte conclusiones sobre los recursos necesarios para el sistema educativo, especialmente el público.

Por otra parte, dado que teóricamente tenemos la competencia plena de Educación, un grupo de trabajo cuyo objeto sea hacer frente a la acción del Gobierno español, que en los últimos años está llevando a cabo una política para destrozar y condicionar totalmente nuestro sistema educativo, mediante leyes orgánicas y básicas.

Es necesario, para ELA, combatir la mercantilización de la enseñanza e ir abriendo camino para que, superando los actuales desequilibrios, llegue a ser un instrumento de desarrollo personal y social integral (cohesión social, integración, pluralidad, coeducación…).

Por último, ante los límites que tiene la euskaldunización basada en modelos lingüísticos y los retrocesos que se están produciendo en el marco trilingüe, es imprescindible trabajar un modelo lingüístico que forme alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües.

Si no se dan estas condiciones nuestro sistema educativo estará totalmente limitado a la hora de hacer frente a sus necesidades y desafíos, desarrollar reflexiones que den pie a cambios estructurales reales, y el proceso podría quedar en puro ejercicio teórico.

Educación ha hecho caso omiso de las propuestas y peticiones planteadas por ELA y no ha realizado ningún cambio en la metodología ni en los contenidos.

En opinión de ELA este procedimiento hacia un pacto educativo carece de las garantías democráticas suficientes; el Gobierno ha vetado los planteamientos de los agentes y no está dispuesta a cambiar las decisiones políticas (mejora de la inversión pública y de los recursos destinados al sector) y, en función de su agenda oculta, el riesgo de que el ejecutivo manipule los resultados del proceso es real.

Por tanto, ELA no participará en este proceso que, además de no responder a la situación del sector, grave en el caso de la red pública, tiene por objeto ocultar las políticas de recorte del Gobierno vasco, hurtar al debate público temas y decisiones fundamentales y dar la imágen de que existe un diálogo y una participación de los agentes educativos, pero sin que las decisiones básicas se vean alteradas.

ELA emplaza al Gobierno vasco a abrir una reflexión y un debate público reales, a exponer públicamente su proyecto y prioridades, con una participación auténtica y respetando las reglas de juego democráticas básicas, sin vetos de ningún tipo y con el compromiso de que las conclusiones de ese proceso sean llevadas a cabo.