ELA denuncia graves irregularidades en las contrataciones de personal de Osakidetza en el centro penintenciario de Zaballa
ELA afirma que se han producido graves irregularidades en las contrataciones de personal de Osakidetza, en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Hace unos meses el sindicato denunció que, tras la transferencia de la parte sanitaria de las penitenciarías vascas, sólo una de ellas, la de Zaballa, no transfirió toda su actividad y personal a Osakidetza. En concreto, la Dirección de la Red de salud Mental de Araba, que es la responsable directa de ese Centro de Salud Mental, decidió entonces prorrogar un contrato con una asociación privada que ya prestaba servicios en esta penitenciaría antes de la transferencia, perpetuando así una privatización previa y renunciando a reforzar y dimensionar adecuadamente el servicio con personal propio.
ELA denunció este hecho al considerar que existía una clara relación entre las personas que constituyeron la asociación, la licitación ad hoc y la pretensión de la Dirección de la Red de Salud Mental de Álava (RSMA) de mantener estos cometidos subcontratados, aún habiéndose incorporado a Osakidetza en las otras dos penitenciarías vascas. Así las cosas, el sindicato ha solicitado, una y otra vez, información tanto a la dirección de la RSMA como a la Dirección General sobre este hecho que “a todas luces es un trato de favor que a los contribuyentes nos cuesta 394.00 euros al año”.
ELA ha presionado para que estas funciones reviertan en Osakidetza tal y como se hizo en las penitenciarías de Basauri y Martutene. Sin embargo, tanto la Dirección de Salud Mental como la Dirección General han hecho caso omiso a esta petición hasta que un auto judicial obligó al personal sanitario de Osakidetza a dispensar la medicación de forma presencial.
A partir de ese momento, la Dirección de Salud Mental comenzó a dar pasos para dar por finalizada la licitación y comenzar la contratación de las personas necesarias para llevar a cabo lo que dicta el auto. Sin embargo, ElA afirma que dichas contrataciones se han llevado a cabo con la más absoluta opacidad, sin facilitar información sobre las mismas, a pesar de haberlo solicitado expresamente. Así, han tenido conocimiento de que no se ha recurrido a las bolsas de contratación temporal de Osakidetza para realizar dichas contrataciones, sino que se ha contratado a personal de la Asociación Lur Gizen o a terceras personas a las que no les correspondería de acuerdo con las citadas listas. A ello se le añade que parte de ese personal no cuenta con la especialidad que es requisito para desempeñar las labores del puesto.
ELA ha solicitado reiteradamente información sobre la licitación y sobre estas contrataciones ya que puede tratarse de una actuación irregular.
Añade que la impunidad de la Dirección de personal y de enfermería de Salud Mental es tal que este hecho es uno más de lo que se realizan habitualmente con la contratación. “Esta actuación demuestra el trato de favor, la arrogancia y la impunidad de estas direcciones que, siendo parte de una Administración Pública, solo deben velar por el derecho, la transparencia y la justicia en todas las acciones que realicen”, lamenta.
Por ello, ha solicitado una investigación a la Dirección General y exige expresamente y a la mayor celeridad que se restituya el derecho de contratación a las personas que les hubiera pertenecido y que se depuren las correspondientes responsabilidades.
ELA vuelve a exigir, además, una planificación específica para la atención a las personas recluidas, así como un estudio pormenorizado de la plantilla necesaria para llevar a cabo el trabajo diario sin riesgo para las trabajadoras y la población reclusa. Entienden que Osakidetza debe fortalecer el servicio de farmacia penitenciario con un aumento de profesionales farmacéuticos y auxiliares de farmacia, preferentemente. Así como enfermeras, aux de enfermería, terapeutas ocupacionales, Trabajadora social, psiquiatras y psicólogos; y ello para una atención sanitaria integral a las personas recluidas. Cabe recordar que el pasado año fallecieron un total de 6 personas reclusas.