ELA ha pedido en la Comisión parlamentaria la retirada del proyecto de ley de Empleo Público Vasco

Los motivos del rechazo al texto son los siguientes:

• El texto es un “corta y pega” del presentado en la anterior legislatura y que fue finalmente retirado por el propio Gobierno en el tramite parlamentario.

• No ha sido negociado con los sindicatos y ha sido rechazado de manera unánime por todos los sindicatos con representación en la Mesa general.

• Se somete a la legislación estatal renunciando al ámbito propio vasco.

• En materia de empleo:

  • Siendo la temporalidad una de las principales lacras de las administraciones vascas , hoy más de 40.000 trabajadores y trabajadores públicos están en situación precaria, el texto no lo limita, sino que deja abierta la puerta para que incluso aumente.

  • Sigue sin establecer límites al uso abusivo de la contratación temporal ni mecanismos que obliguen a crear formalmente los puestos estructurales existentes, a pesar del toque de atención de los Tribunales Europeos en esta materia.

  • Las previsiones recogidas en la Disposición 19 y 20 del proyecto de ley para una supuesta consolidación:

    • Están lejos de garantizar dicha consolidación ya que miles de trabajadoras y trabajadores en situación precaria no tendrían la opción de consolidar su empleo .

    • Dejan fuera de su ámbito de aplicación a muchos trabajadores y trabajadoras e incluso a colectivos muy amplios como (personal docente no universitario...)

    • Ofrecen menor garantía de consolidación que la que en su momento recogía la LFPV de 1989 en sus Disposiciones Transitorias 3ª y 4ª o incluso el EBEP en su Disposición Transitoria 4ª.

• Los instrumentos de participación social, sindical y de la plantilla en la gestión diaria de las administraciones son mínimas, con el fin de otorgar todo el poder a los dirigentes políticos del gobierno de turno y a los cargos de libre designación a la hora de tomar cualquier decisión.

• Refuerza la facultad de la Administración para decidir unilateralmente las condiciones laborales e incumplir los acuerdos. Con ello, de facto, deja sin valor el derecho a la negociación colectiva.

• Se regula por primera vez un código ético que pone en cuestión la propia naturaleza del empleado público que se basa en la objetividad y la independencia en la toma de decisiones.

• No existe una apuesta real por la euskaldunización de los servicios públicos ni del personal.

Por tanto, los representantes de ELA han pedido a los partidos políticos con representación en la Comisión que rechacen el texto y que impulsen una una ley que cambie radicalmente la situación actual y apuesten por una ley:

• Propia, euskaldun, independiente y con control social para garantizar unos servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad que responda al interés general y no a los interés partidistas y del capital.

• Que garantice que la función publica sea desempeñado por empleadas y empleados públicos, que impida la privatización de más servicios y revierta a lo público los servicios contratadas con garantía del mantenimiento de empleo.

• Que consolide el empleo a las 40.000 empleadas y empleados temporales del sector público de la CAPV. Y que se incluyan medidas que eviten la repetición de la situación actual.

• Que garantice unas condiciones de trabajo dignas, basadas en la inamovilidad e independencia, con derecho a la negociación colectiva real, sin injerencias externas, ni imposiciones unilaterales.

• Que apueste por la igualdad de genero y acabe con la brecha salarial existente.

• En materia de euskera ELA tiene claro que la implicación de las instituciones es imprescindible para garantizar el derecho de los vascos a vivir y trabajar en euskera; por eso, la nueva ley debería crear instrumentos reales para euskaldunizar en un periodo corto a nuestras administraciones públicas y a todo el sector público. En este sentido, entre los 11 pasos que acaba de presentar ELA para vivir en euskera, destacamos especialmente el referido a una nueva ley de empleo público, consistente en utilizar los procesos de jubilación de los próximos 15 años para garantizar que todos los servicios sean bilingües en 15 años y que todo el personal tenga la capacidad de entender el euskera.