ELA reivindica la publificación del servicio

ELA ve con preocupación el proceso para adjudicar el servicio de ambulancias de Bizkaia a una nueva empresa, ahora está en manos de la UTE Bizkanb, tras la marcha a finales de 2024 de Grup La Pau Sccl (empresa que dejó no solo deudas con todas las personas trabajadoras aproximado de un millón de euros, sino también con la hacienda foral por cantidad superior a 800.000€). ELA apunta a que la actual empresa está siguiendo el mismo patrón de la empresa La Pau, con deudas con la plantilla y una gestión pésima del servicio, perpetuando una situación insostenible para el servicio y la plantilla de ambulancia de Bizkaia.

La empresa UTE Bizkanb ha incumplido en varias ocasiones los protocolos de paciente infecto-contagiosos y pretende utilizar las ambulancias para otro fin del que no están homologadas (urgencias en ambulancias colectivas, sin mandar la dotación mínima…), acumulando retrasos diarios fácilmente salvables cumpliendo el decreto regulador correspondiente. Asimismo, UTE Bizkanb se negó a aplicar el estudio ergonómico para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras, argumentando que era de la empresa anterior, y pese a tener una media de 3-4 accidentes laborales a la semana por incumplir entre otros este estudio ergonómico. No solo eso, sino que han tratado de boicotear constantemente la labor sindical y de los delegados de prevención de riesgos laborales.

Todo ello mientras se nombraban más cargos de jefaturas, llegando a 50 personas al mando para un total de 460 personas trabajadoras en transporte no urgente de ambulancias. Y sin embargo, con menos ambulancias de las necesarias: pese a que debería de haber tres ambulancias para el transporte de urgencias demorarles y pacientes agitados a los centros hospitalario, hay solo una operativa y en el tramo de 09:00-21:00h con el personal mínimo para operarla.

ELA denuncia que la empresa UTE Bizkanb se ha lucrado con el dinero público que ha utilizado para poner en marcha la empresa Sanir en Bizkaia. Ejemplo de que este servicio no debe estar en manos privadas, sino es el Gobierno Vasco quien debería gestionarlo directamente, con la actual plantilla subrogada y manteniendo las condiciones laborales. Así las cosas, exige que se publifique el servicio como única garantía para que las empresas no se lucren con un servicio que es fundamental para la sociedad.