ELA se opone frontalmente a la inclusión de militares en las prisiones vascas

28/01/2020
ELA se opone rotunda y totalmente al reciente anuncio de los actuales rectores de Prisiones en el Estado que plantea la posibilidad de contratar a militares profesionales que estuviesen en los 10 últimos años de servicio, como fórmula para paliar la escasez de personal y el envejecimiento galopante del colectivo penitenciario. Además, las secciones sindicales de ELA-Prisiones exigen al Gobierno del Estado la inmediata transferencia de prisiones a la CAPV y Nafarroa.

Este anuncio de contratar a personal sin la titulación mínima necesaria para ser trabajador o trabajadora de prisiones, sin la formación y experiencia necesarias para desempeñar una labor tan compleja y con un perfil absolutamente contrario al necesario para desempeñar las labores penitenciarias desde parámetros más humanos y democráticos, para cumplir con el objetivo final de la reinserción, es una decisión impropia de un Gobierno que se dice progresista y de izquierdas.

Los trabajadores y trabajadoras penitenciarios exigen respeto como colectivo y hacia la complicada e importante labor que realizan todos los días.

ELA exige al nuevo Gobierno del Estado la inmediata transferencia de las prisiones, y que la misma sea plena y exclusiva. Dicho de otra manera, esta transferencia no puede ser un mero traslado de responsabilidades de gestión, sino que debe dotarnos de capacidad para desarrollar una política penitencia propia, distinta al modelo estatal que se ha mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción.

Las secciones sindicales de ELA, defendemos una administración de prisiones vasca, democrática y euskaldun, encuadrada en la consejería de Justicia de la CAPV y de Navarra.

Una administración de prisiones que debe ser escrupulosa en el respeto de todos los derechos de las personas encarceladas y que apueste por un sistema penitenciario público y de calidad, evitando cualquier tipo de privatización y subcontratación. Además, se debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras el derecho a la negociación colectiva con salarios y condiciones homologadas a las de la administración de la CAPV y Nafarroa, con el mantenimiento de las condiciones específicas actuales y con planes concretos y medidas efectivas para garantizar el derecho a vivir en euskera en las prisiones.