El nuevo sistema de inclusión social de Bizkaia: un puzzle con piezas que no encajan
Ley 12/2008. Reconoce los Servicios Sociales como derecho subjetivo. Los sitúa al mismo nivel que la educación y la sanidad. Se pueden reclamar tanto administrativa como judicialmente
Decreto de Cartera 185/2015. Establece los requisitos, criterios y procedimientos de acceso tanto a los servicios como a las prestaciones. Delimita el alcance del derecho
Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV 2016-2019. Instaura un modelo único de Servicios Sociales para toda Euskadi. Incluye una Cartera de servicios y un Mapa general, con criterios de cobertura mínimos
Cartera. Establece los servicios y las prestaciones mínimas que tiene que haber en cada territorio histórico
Mapa. Distribuye los servicios y las prestaciones en diferentes proximidades. Además del mapa general, cada territorio tiene que desarrollar el suyo propio
Niveles de competencia. Se distribuyen entre Ayuntamientos -atención primaria, intensidad baja-, Diputación Foral -atención secundaria, intensidad media y alta- y Gobierno Vasco. Los Servicios Municipales asumen ahora más funciones, con similar presupuesto
Peligra quien no se adapte. Se perderá empleo
Los Servicios Sociales están reconocidos ya como un derecho subjetivo y hay un nuevo sistema que busca la homogeneidad y la desentralización de la atención y los servicios. Este nuevo sistema adopta un enfoque comunitario y se centra en la atención de la persona en su entorno más cercano, con itinerarios de vida personalizados, servicios integrales y profesionalizados. Hasta aquí, todo bien. El problema está en que el nuevo sistema de inclusión social de Bizkaia llega con cambios que ponen en riesgo a entidades y trabajadores/as del ámbito de la inclusión. La descentralización conlleva una importante desinversión en Bilbao, que hasta ahora concentraba el 80% de los servicios, y en el camino se están perdiendo plazas y empleo. Esta descentralización se está llevando a cabo, además, a través de entidades concretas y está dejando fuera de juego a otras muchas cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en la capital.
Por si esto fuera poco, en una reunión mantenida a finales de 2016, la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) anunció a ELA que a partir de ahora no se financiará a las entidades que no se adapten al nuevo modelo, que se eliminan las subvenciones, que se recortan las prestaciones económicas y que se reducirá el número de Convenios de colaboración para 2018, eliminando aproximadamente 34 de los 84 actuales.
Ante este panorama, la DFB pretende calmar los ánimos anunciando la creación de cinco nuevos centros de día para 2017, que abrirán los siete días a las semana. Este dato disfraza, sin embargo, la pérdida de empleo que se está dando en el sector desde hace años y que se recrudecerá en los próximos meses. No en vano, la propia DFB es la que dice que hay entidades cuya actividad no se adapta o no sirve, y que se necesitan profesionales formados en el nuevo modelo.
El Mapa avanza una disminución de plazas
Tomando como punto de partida el mapa general del Plan del Gobierno Vasco, cada territorio histórico tenía que elaborar y dar a conocer para el 25 de diciembre de 2016 el mapa adaptado a su contexto. El mapa de Bizkaia, sin embargo, no está del todo desarrollado. Solo se conoce la zonificación, que se divide en 4 sectores, 9 comarcas, 24 áreas y 54 zonas básicas, y la provisión de plazas y servicios para 2017. Su desarrollo es competencia de los Ayuntamientos y la DFB, pero la coordinación entre ambos parece que no funciona. Así las cosas, en lo que a la red de Atención Secundaria se refiere, que es competencia de la DFB, el mapa dibuja para 2017 una pérdida de 132 plazas en centros de día y un aumento de 45 en centros residenciales, si bien la tendencia a futuro es potenciar las plazas en centros de día en detrimento de las residenciales.
Menos exclusión y más empleo
En su último informe, el Ararteko denunció falta de apoyo institucional y comprensión hacia los trabajadores sociales. Reclamó, además, un aumento de estos profesionales para garantizar unos Servicios Sociales de calidad. Desde ELA, sindicato mayoritario en el sector de Intervención Social, vamos a luchar porque así sea, y vamos a defender una mejora de vuestras condiciones laborales en la mesa de negociación del V Convenio Colectivo de Intervención Social. Consideramos que el nuevo Sistema debiera ser una oportunidad para crear más empleo y mejor, así como para resolver la creciente demanda en materia de inclusión, y no todo lo contrario. Si no se da salida a esta situación, llamaremos a la movilización del sector y de la sociedad en su conjunto.