La Diputación de Bizkaia pone en riesgo los servicios sociales del cuidado

21/10/2021
ELA se ha concentrado ante la Diputación de Bizkaia para denunciar los recortes en los servicios sociales y de cuidado, es decir, en el tercer sector. En el centro de menores San José Artesano de Loiu, por ejemplo, las plazas se han reducido un 52%, de 70 a 36 plazas.

ELA se ha concentrado hoy ante la Diputación de Bizkaia para denunciar la política de precarización de los servicios sociales y de cuidados. De hecho, a pesar de que la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de estos servicios y de que los máximos responsables públicos (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamientos y Gobierno Vasco) dicen defender públicamente un sistema universal e inclusivo, la realidad nos muestra una situación muy diferente: adoptan medidas para llevar a la exclusión a cientos de trabajadoras del sector de Intervención social y por ende, a los diferentes colectivos con los que realizan su labor diaria, se están reduciendo plantillas, estableciendo calendarios insostenibles, ignorando ratios, o incluso cerrando servicios que la propia Administración consideraba esenciales en el Decreto de Cartera.

En Bizkaia esta situación es evidente. Por ejemplo, ELA denunció ya en plena pandemia la privatización del Centro de Día de Gernika, el cierre del centro de menores de Karranza con el despido de 11 personas o el cierre del servicio de Kontsumobide. Y ahora, en 2021, ignorando lo aprendido durante la pandemia, hemos tenido conocimiento de que el Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia ha modificado el convenio de colaboración firmado con el Colegio San José Artesano (centro de menores de Loiu) con una reducción en las plazas del %52 (de 70 a 36), lo que supone el cierre automático de dos equipos educativos y el despido de la mitad de la plantilla, justo cuando el convenio de aplicación está a punto de finalizar y renovarse.

Lamentablemente, así es como nuestras administraciones reconocen el valor productivo de los cuidados, cerrando y privatizando recursos que se dedican al cuidado de las personas más vulnerables. ELA denuncia enérgicamente esta situación, reclamando a las instituciones públicas la necesidad de un cambio de modelo, un convenio que responda a las necesidades reales de trabajadoras y personas que hacen uso de estos servicios y que ponga en el centro a las personas garantizando para ello:

  • Mantenimiento y mejora del empleo
  • Mantenimiento, mejora y desarrollo de los servicios sociales
  • Mejora de la ratio de atención
  • Revisión y actualización de los escasos decretos existentes que regulan los diferentes servicios
  • Desarrollo de nuevos decretos en sectores no regulados (centros especiales empleo, acción social…)
  • Transparencia en el desarrollo del mapa de servicios de la CAPV
  • Publificación de los servicios de los cuidados