La justicia europea corrobora que no hay voluntad política para poner fin a la alta tasa de temporalidad

ELA afirma que la situación del empleo público en Hego Euskal Herria es “dramática”. A día de hoy, hay más de 77.000 temporales. “Más allá de la propaganda del Gobierno Vasco y resto de instituciones, los datos del Eustat son demoledores: estamos en cifras récord de temporalidad, cuya media se sitúa en el 44% en la CAPV”. Esa tasa triplica la del sector privado y en ámbitos como Osakidetza, alcanza a más de la mitad de la plantilla con más de 22.000 temporales, de los cuales, casi 10.000, tienen una antigüedad superior a 8 años. En el caso de Educación, hay más de 7.000 temporales con una antigüedad superior a 8 años.

Lamenta que, ante esta situación, Gobiernos e Instituciones de Hego Euskal Herria, lejos de adoptar las medidas necesarias y utilizar todas las herramientas a su alcance para solucionar el problema de la temporalidad, “hayan aceptado de buen grado una situación que, además de servirles de medida de disciplina frente a la plantilla, les ha servido también para adelgazar y privatizar el sector público. El eventual veto de Madrid mediante las tasas de reposición se ha convertido en la excusa perfecta para justificar medidas y situaciones que, de otra manera, serían muy difíciles de justificar”.

Considera que una de las cuestiones que nos han llevado a la situación actual han sido las tasas de reposición. Esta medida se empezó a aplicar hace más de una década y supone que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se establezca un límite al número de plazas que cada CCAA puede convocar en una OPE. Esto supone que, de facto, el Gobierno de Madrid deje sin efecto una competencia que es de la CAPV, ya que decide, de forma unilateral, qué necesidades de plantilla hay en los servicios públicos vascos. “A pesar de lo grave de esta limitación, los partidos políticos vascos han votado a favor de esas leyes de presupuestos”, denuncia ELA. Por ejemplo, en los años 2022 y 2023 contaron con los votos favorables de PNV y EH Bildu.

ELA considera que los gobiernos e instituciones de la CAPV y Nafarroa se han escudado en el veto de Madrid para precarizar y destruir empleo público, pero cuando han contado con herramientas para hacer frente a la temporalidad, aún siendo insuficientes, tampoco las han utilizado. Así sucedió con la denominada Ley Iceta. ELA ya denunció en su momento que el Gobierno Vasco, en sus ámbitos de responsabilidad, no había ofertado todas las plazas que debían ofertarse de acuerdo con con la Ley señalada. Es por ello que inició la vía judicial para que se ofertaran todas las plazas, vía que a día de hoy sigue abierta.

ELA tiene claro que hay que acabar con las tasas de reposición y articular soluciones que permitan consolidar a los miles de trabajadores y trabajadoras temporales, y que incluyan medidas para evitar que esta situación se repita en el futuro. La propuesta que hizo en su momento cubre las carencias que pone de manifiesto la sentencia conocida hoy, ya que permite dar una solución a la situación de todos los trabajadores y trabajadoras que hayan sufrido un abuso de la temporalidad e incluye medidas para garantizar que esta situación no se va a repetir en el futuro.

Una de las reivindicaciones de las huelgas del sector público que ha impulsado ELA en los últimos meses, precisamente, es que se pueda negociar y decidir aquí tanto el empleo como el salario del sector público. Para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, en consecuencia, mejorar la calidad de los servicios públicos. “Sin buenas condiciones laborales, no hay servicios públicos de calidad”, concluye.