ELA pide al Gobierno Vasco avanzar hacia la equiparación del conocimiento del euskera y del castellano
Anteayer se reunió la Mesa General, donde se discuten las condiciones laborales de 115.000 personas trabajadoras al servicio del Gobierno Vasco. ELA recibió con preocupación la posición fijada por el ejecutivo en su escrito en relación con el euskera, sobre todo en plena ofensiva contra el mismo. En opinión de ELA, “el Gobierno Vasco no refuta los argumentos que se emplean en las sentencias y discursos euskarofobos en contra de los perfiles lingüísticos. Es más, se puede entender que ante los ataques trata de relativizar totalmente la cuestión”.
Por ello, en una carta dirigida al Gobierno Vasco, ELA reclama que le haga frente a las resoluciones judiciales y discursos que impiden exigir el conocimiento del euskera, defienda los derechos lingüísticos y dé pasos hacia la equiparación de la exigencia de conocimiento del castellano y el euskera.
Para ELA, la equiparación del conocimiento de las lenguas es la garantía para la igualdad y la cohesión social. ELA cree que en las administraciones de la CAPV el conocimiento del euskera y el castellano deben equipararse para que el euskera sea lengua de trabajo y servicio. Esto implica que, a la hora de acceder a un puesto de trabajo público, sea obligatorio saber euskera, igual que el castellano. Este debe ser el objetivo. Planificar y dotar de recursos y herramientas ese proceso corresponde al Gobierno Vasco.
Ofensiva contra el euskera. En los últimos años, los partidos VOX, PP y PSE y los sindicatos CCOO y UGT han impulsado numerosas sentencias judiciales contra el euskera. Muchas de ellas atacan las exigencias de conocimiento del euskera establecidas por las administraciones públicas para cubrir sus puestos de trabajo.
Según ELA, la actitud del Gobierno Vasco es preocupante. En este contexto, el ejecutivo no menciona ni una sola vez estas sentencias, ni la complicada situación que han generado para la normalización del euskera. Tras una referencia genérica a las actitudes contra el euskera, afirma que la vía de la confrontación frente a la ofensiva puede dar lugar a un contexto negativo. Da a entender que no comparte las protestas y denuncias, relativiza totalmente la ofensiva y considera deplorables a quienes, como ELA, critican el ataque.
En su texto, el Gobierno Vasco cuestiona la importancia del índice de obligatoriedad utilizado actualmente para establecer los perfiles lingüísticos, al decir que no es más que un parámetro entre otros; para ELA, esto es “muy grave”. De echo, distintos agentes españoles han convertido este índice de obligatoriedad que debe cumplirse "como mínimo" en "máximo", lo que reduce el número de personas que pueden trabajar en euskera en las administraciones, mientras que el dominio del castellano se impone a todas las trabajadoras y trabajadores.
Por otra parte, el Gobierno dice que la clave es garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. No se habla en ningún momento de que el euskera deba ser lengua de trabajo. Este suele ser uno de los argumentos a los que recurren los agentes y resoluciones judiciales españoles para defender que hacen falta plazas en las que no se necesita saber euskera y negar al conjunto de la ciudadanía residente en Euskal Herria la garantía del conocimiento del euskera.
El Gobierno Vasco afirma también que el sistema actual funciona bien. Para probarlo explica que en 1995 solo un 34% del personal de administración general sabía euskera (especificando, a continuación, que se habla de quienes tenían un certificado), y que en 2025 la cifra había subido hasta el 90%. Sin embargo, a juicio de ELA, este dato tiene trampa. Por un lado, porque solo se refiere a la Administración general, en la que trabajan 8.000 personas, pero en total son 115.000 las que están al servicio del Gobierno Vasco. Por otro, porque en muchas administraciones se impone el castellano como lengua de trabajo, en multitud de ocasiones por carecer las personas que ocupan puestos de jefatura de un conocimiento adecuado del euskera; en consecuencia muchas personas que en su día habían obtenido un título de euskera ha perdido su capacitación.
Por desgracia, la realidad es que cuando se han cumplido 40 años desde la creación de las administraciones vascas, el Gobierno Vasco sigue sin garantizar los derechos lingüísticos de la población. Basta con ver la situación en la Ertzaintza, Osakidetza o la Formación Profesional.