ELA denuncia que la evaluación de riesgos psicosociales en Educación es “meramente estética”

ELA ha denunciado que la evaluación de riesgos psicosociales iniciada por el Departamento de Educación en la enseñanza pública es “meramente estética” y no garantiza medidas eficaces para proteger el bienestar emocional del personal y del alumnado.

Tras una denuncia de ELA por incumplimiento de la normativa de salud laboral, la Inspección de Trabajo ordenó al Departamento poner en marcha estas evaluaciones. El sindicato recuerda que durante años más de 600 centros públicos de la CAPV han carecido de evaluaciones actualizadas. En septiembre de 2024, ELA ya había pedido duplicar el equipo del servicio de prevención —de 14 a 28 — para el curso 2024-2025.

El Departamento ha comenzado el proceso y prevé difundir entre febrero y marzo un cuestionario al personal docente de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sin embargo, ELA considera que el proceso iniciado no garantiza un diagnóstico adecuado ni unas medidas preventivas y correctoras eficaces.

En respuesta a un requerimiento de ELA, el propio Departamento reconoce que para poder ofrecer a los centros un plan de prevención adaptado a sus necesidades necesitaría una infraestructura más amplia. Entre otras cuestiones, dice que "no es posible afrontar un procedimiento masivo de este tipo con sólo 15 técnicos del Servicio de Prevención, ya que afecta a un colectivo de 35.000 personas".

ELA sostiene que, para que las evaluaciones sean eficaces, deberían:

• Realizarse centro a centro, atendiendo a la realidad específica de cada uno.

• Aplicar una metodología participativa, con implicación del personal y sus representantes.

• Llevarse a cabo desde el propio servicio de prevención, reforzando recursos y sin subcontratar.

Según el sindicato, el Departamento ha optado unilateralmente por aplicar de forma limitada la metodología FSICO, lo que implica:

• Ausencia de participación sindical en la planificación, desarrollo y análisis.

• Participación muy reducida del personal: solo 380 entrevistas para un colectivo de 35.000 personas.

• Evaluación global en lugar de individualizada por centro, lo que puede ocultar problemas concretos.

• Riesgo de que el proceso se convierta en un mero trámite sin medidas reales.

• Subcontratación a una empresa externa que desconoce la realidad de la educación pública.

• Falta de calendario consensuado e información detallada sobre las fases.

Ante esta situación, ELA reitera su exigencia de realizar evaluaciones por centros y sectores, con recursos suficientes y desde el servicio de prevención propio. El sindicato defiende que solo así podrán adoptarse medidas eficaces frente al estrés, la ansiedad y los conflictos que vive el personal educativo, y ha iniciado una recogida de firmas en los centros en apoyo a esta petición.