Concentración ante la Diputación de Bizkaia contra una sentencia euskarafoba
ELA se ha concentrado frente a la Diputación Foral de Bizkaia, en Bilbao, contra lo que considera una sentencia euskarafoba que merma los derechos lingüísticos. Todo comenzó en 2025, cuando un juzgado de Bilbao anuló una convocatoria de empleo de la Diputación Foral de Bizkaia en respuesta al recurso presentado por ocho aspirantes que consideraban que el nivel de euskera que pedían era demasiado exigente. La resolución acordó dejar sin efecto la convocatoria del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), al considerar «excesivo» el requisito de conocimiento del euskera. Como consecuencia de aquella sentencia, en abril, la Diputación Foral de Bizkaia suspendió temporalmente la convocatoria de empleo.
Estaban en juego 20 plazas de personal técnico superior de Integración Social, de las cuales en 18 se exigía el nivel C1 de euskera. A juicio de los magistrados, el único requisito que podía aplicarse era el denominado «índice de preceptividad» establecido por la ley (un 46,5 % en el caso de Bizkaia). Además, señalaron que, entre las personas en situación de vulnerabilidad, el uso del euskera es muy reducido en comparación con el del castellano.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado dicha sentencia, por lo que la Diputación ha decidido anular dicha convocatoria e iniciar otra nueva, “basándose en los criterios establecidos en la sentencia del TSJPV”.
ELA denuncia que, incluso 45 años después de que el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconociera el derecho de la ciudadanía vasca a expresarse en euskera, el personal de la administración pública y la ciudadanía siguen sin tener garantizado el derecho a utilizarlo. Lo único que se garantiza en cualquier lugar y en cualquier momento es la posibilidad de expresarse en castellano. “Seguimos siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda”, afirma.
Afirma que “los juzgados, la patronal, los sindicatos y los partidos políticos que están al servicio de España están llevando a cabo una ofensiva para que las personas vascoparlantes sigan siendo ciudadanas de segunda y para perpetuar la imposición del castellano en todos los ámbitos”.
“Los derechos lingüísticos se presentan como incompatibles con el derecho al trabajo, pero los jueces, partidos y sindicatos mencionados son precisamente los responsables directos de la situación del personal temporal”.
ELA trabaja por la estabilización de todo el personal, incluidas las personas que actualmente desempeñan su trabajo sin dominar el euskera. Para ello, propone permitir la jubilación anticipada a algunas personas y ofrecer otras oportunidades reales de aprender euskera durante su jornada laboral.
De este modo, asegura, respetando los derechos lingüísticos y actuando con flexibilidad y estableciendo plazos razonables, es posible euskaldunizar plenamente las administraciones, garantizando los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y de todo el personal, sin despedir a nadie. Y, en todo caso, haciendo que todas las nuevas incorporaciones al empleo público a partir de ahora sean euskaldunes.