A tres semanas del inicio del curso escolar ELA ha pedido al Gobierno Vasco una reunión urgente para la planificación y dotación de recursos en las aulas

Desde el sindicato llevamos años exigiendo la necesidad de aumentar la inversión  en nuestro sistema educativo, que, con un 3,5% del PIB,  se encuentra a la cola de Europa (4,9% de media) y muy lejos del 6% del PIB recomendado por la UNESCO.

Venimos denunciando, medias aparte, la política extrema de ratios que aplica sistemáticamente el departamento de educación; que apuesta claramente por aglutinar al máximo número posible de alumnas/os en las aulas, incluso modificando la normativa para posibilitarlo, en lugar de optar por  una planificación de espacios y de sistemas organizativos que permitan una disminución y mejora de las actuales ratios, y por ende de la calidad educativa.

Con prácticamente 1 de cada 3 trabajadores/as temporales es inaceptable la precariedad e inestabilidad que acarrean estas escandalosas tasas de temporalidad en nuestra educación pública, tanto para las trabajadoras/es como para los proyectos educativos de cada centro. A lo que hay que añadir el menoscabo y estancamiento de las condiciones laborales tanto de docentes y educadoras como personal de limpieza y cocina y demás personal bajo el pretexto de las últimas crisis económicas.

Es evidente que partiendo de un escenario diferente, con una inversión holgada, unas ratios menores, personal fijo y estable, sin privatización y precarización de servicios y con unas condiciones laborales reconocedoras de la labor realizada, nuestro sistema educativo estaría en mejores condiciones para responder a la actual crisis sanitaria y para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud  de toda la comunidad educativa manteniendo la educación presencial y sin menoscabo de la calidad educativa.

Por ello, ELA entiende y defiende que estas deberían ser las líneas que deberían seguir las decisiones del Departamento de Educación.

Sin embargo, a finales del curso pasado quedó en evidencia que la senda que pretende seguir el Dpto dirigido por la Consejera Uriarte también en la gestión de esta pandemia, pasa por eludir la interlocución y la negociación con la representación de las trabajadoras/es; así como por evitar cualquier medida que suponga una mayor inversión en educación a pesar de resultar fundamental para garantizar la salud de la comunidad educativa en una situación como la actual.

Incluso ya ha utilizado la crisis sanitaria para aplicar recortes, tal y como ya ha ocurrido con el programa IRALE, los barnetegis, IBT-CRI, OET-H y equipos para la atención de personas con problemas auditivos, Hamaika Esku, Sukarrieta o la dotación de puestos de cara al curso que está a punto de comenzar.

A escasas 3 semanas para el comienzo del curso escolar, el dpto. sigue rehusando reunirse con los sindicatos, a pesar de las reiteradas exigencias y peticiones que le hemos dirigido instándole a promover una interlocución y negociación real.

Vemos con preocupación que tampoco hay ningún avance respecto a los planteamientos de gestión y dotación de recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria y responder a las necesidades de nuestro sistema educativo según las recientes declaraciones de la Consejera. Toda la responsabilidad referente a las medidas de garantía sanitaria sigue recayendo sobre los propios centros, mientras el Dpto elude dotar de los recursos necesarios a los mismos para que dichas garantías se puedan llevar a cabo.

Ante este panorama, resulta fundamental:

1.- Dejar atrás la improvisación y abordar de forma urgente una planificación y  dotación de  recursos y  formación necesaria para un inicio de curso con garantías para la salud ante la crisis sanitaria.

2.- Una mayor inversión en educación (objetivo del 6% del PIB rcomendado por la UNESCO); que permita acometer las necesidades estructurales de nuestro sistema educativo así como afrontar esta situación de crisis sanitaria con garantías de seguridad y salud  y sin menoscabo de la educación presencial de calidad.

3.- Un cambio de rumbo en la política de ratios. Optando por  una planificación de espacios, de sistemas organizativos e incrementos de plantilla que permitan una disminución y mejora de las actuales ratios, y por ende de la calidad educativa.

4.- Un proceso de consolidación pactado que fije a las miles de docentes, educadoras, personal de limpieza y cocina y demás personal de la educación publica

5.-  Acabar con la privatización de  servicios

Solo por esta vía será posible contar con un sistema educativo que permita dar una respuesta adecuada, segura y garantista desde un punto de vista sanitario como educativo a una situación de pandemia como la actual. En caso de que dichas peticiones sigan sin tener respuesta, nos veremos abocados a impulsar y trabajar con el resto de sindicatos y agentes educativos  todos los mecanismos a nuestro alcance, incluida la activación de la movilización.

Por ello ELA exige al Departamento que aparque las políticas de contención de gasto y recorte, así como la vía de la unilateralidad, la imposición y la improvisación. Y le insta a  que inicie una dinámica de interlocución y negociación real con la representación de las trabajadoras tanto en general y sobre todo ante la especial situación de pandemia, empezando por convocar una reunión urgente con los sindicatos cuanto antes.