La reforma de la LOMCE no impide que el Gobierno español siga invadiendo las competencias educativas del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra
Por una parte, la LOMCE supuso un ahondamiento en un modelo educativo centralizador y un nuevo ataque a las competencias educativas de Euskal Herria. Por otra, ahondaba en un sistema educativo antidemocrático, adoctrinador, uniformizador, regresivo, segregador y elitista. Uno de sus objetivos principales era la mercantilización de la educación, poniendo la educación al servicio de los intereses de mercado y el capital.
La reforma planteada por el Gobierno de Sánchez pretende suprimir algunos de los aspectos más sangrantes de la LOMCE, tales como el establecimiento de las reválidas o evaluaciones finales, el incremento del curriculum controlado por el Estado, la prohibición de los modelos de inmersión lingüística en lenguas cooficiales diferentes al castellano, la segregación temprana del alumnado en 3º de la ESO, el tratamiento y consideración de la asignatura de religión y la de valores éticos y cívicos, la limitación de la participación democrática en los centros educativos y de las competencias de los consejos escolares o la desregulación de la planificación escolar a favor de los centros privados.
No obstante, dicha reforma en caso de aprobarse en los términos presentados en el anteproyecto de Ley, no supondría más que volver a la situación previa a su aprobación en la cuestión competencial, no incidiría en la política de recortes que se viene aplicando durante los últimos años, ni corregiría la tendencia hacia mercantilizadora de la educación ya presente en la LOE.
Así, ELA denuncia que temas como la determinación del 55% del contenido del Curriculum educativo, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos o la regulación del sistema de oposiciones del personal docente no universitario seguirían imponiéndose por parte del Gobierno Español. El sindicato pone de manifiesto la necesidad de revertir la política de recortes, de incrementar la inversión en educación, de aumentar las plantillas y bajar las ratios así como tomar medidas para consolidar en empleo y reducir la temporalidad hasta un 6% y revertir el resto de recortes aplicados durante años al personal de educación.
Ante esta situación, ELA exige a los Gobiernos de Lakua e Iruñea que defiendan nuestra plena competencia educativa, reviertan la política de recortes y respondan a las necesidades de nuestro sistema educativo.