Contra la posible imposición del laudo en el conflicto del consorcio de aguas (Comunicado del Comité Nacional)
Ante la amenaza del Gobierno Vasco de imponer mañana, martes, la finalización del conflicto de las contratas del Consorcio de Aguas mediante un laudo de obligado cumplimiento, el Comité Nacional de ELA quiere hacer las siguientes reflexiones:
Toda la historia del conflicto ha estado condicionada por la decisión política de las entidades públicas que gestionan el Consorcio de no negociar. La imposición de un laudo de obligado cumplimiento sería el último y más grave acto de fuerza en este conflicto.
ELA recuerda a la opinión pública que, desde el principio del conflicto, la asociación de municipios vascos (Eudel), constituida en patronal pública, tomó la decisión de no dar cobertura a ningún proceso de negociación de las reivindicaciones planteadas. Aquella decisión de no negociar fue ratificada por un acuerdo de las direcciones políticas de PNV, PP, PSE y EA.
La consecuencia de esta posición beligerante ha sido que el Consorcio, siguiendo a pies juntillas las directrices de Eudel, no sólo no ha negociado, sino que ha vetado incluso el desarrollo de las líneas de negociación abiertas, y ha llegado a promover la vía de las amenazas y sanciones.
El Gobierno Vasco, por su parte, se ha dedicado a dictar servicios mínimos que sirvieran para ganar tiempo y minar la resistencia del personal en huelga; cuando ha constatado el fracaso de esta estrategia, parece que quiere obligar a los trabajadores y trabajadoras a renunciar a la huelga mediante un laudo.
No se puede olvidar que, tras estas actuaciones políticas, hay una decisión de fondo, la de privatizar los servicios públicos. En consecuencia, se pretende que los servicios públicos sean prestados por personal al que se imponen peores condiciones salariales y de empleo, se conviertan en fuente de beneficios para empresas privadas y ofrezcan a los partidos en el poder la oportunidad de desarrollar redes clientelares.
ELA considera que la imposición de un laudo de obligado cumplimiento sería un acto agresivo contra el derecho de huelga. Esta decisión sería adoptada, además, por una autoridad como el Gobierno Vasco que, lejos de ser objetiva e imparcial, estaría directamente implicada como parte del conflicto, a consecuencia del citado acuerdo político en el que participan PNV y EA.
Por último, el Comité Nacional de ELA quiere expresar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras en huelga de las contratas del Consorcio de Aguas, así como con el resto de las personas que mantienen conflictos en muchos casos de larga duración por la defensa de sus derechos y la mejora de sus condiciones de trabajo.