Educación no garantiza una oferta propia y completa de cualificación profesional inicial

11/07/2008
ELA-Irakaskuntza entiende que el Departamento de Educación de la CAPV abre nuevamente la puerta a la privatización y hace dejación de su responsabilidad al publicar la Orden que regula los PCPI sin recoger garantías fundamentales que aseguren tanto un servicio público y de calidad en este nivel de enseñanza, como el respeto de las condiciones laborales que corresponden al colectivo.

A partir del curso 2008-2009 es la LOE quien determina que estos programas, hasta ahora llamados CIP (centros de iniciación profesional), sean Enseñanza Reglada.

ELA valora positivamente la configuración como Enseñanza Reglada y ha reclamado que, consecuentemente, el Departamento asuma su responsabilidad a través de una oferta propia, pública y con garantías.

Se trata de un tramo fundamental en la Educación de jóvenes entre 15 y 18 años, y el Gobierno Vasco ha optado por propiciar la privatización de su gestión y dejar en manos de empresas la definición de su oferta. El Departamento debiera responder al objetivo de educar ciudadanos y ciudadanas con un desarrollo suficiente, integral y controlado, y no dejar en manos de empresas que hagan y deshagan en función de sus necesidades de mano de obra fácilmente disponible, o simplemente para que hagan dinero a costa de las necesidades educativas del alumnado y de sus familias.

ELA ha solicitado reiteradamente que se especificara en la Orden que, si se crearan nuevas necesidades o alguno de los centros actuales no continuara impartiendo los PCPI, éstos serán ofertados por Centros Públicos preferentemente de F.P., pero no ha sido así.

Asimismo, ELA reivindica que el actual personal de estos centros personal tendría que pasar a depender del Departamento, como personal laboral fijo, y que se regularice la la cuestión relativa a las titulaciones del profesorado que imparte estas enseñanzas.

Eso sería lo lógico, considerando que se trata de Enseñanza Reglada.

Sin embargo, la Orden publicada en la CAPV no garantiza estos extremos.

Más aún, ni siquiera se ha especificado, como procedería en lo que a la plantilla se refiere, que los convenios de aplicación deben ser el acuerdo docente para los centros públicos o incluso el Udalitz, y el convenio colectivo de centros concertados para el resto de centros.

Aproximadamente 700 trabajadores y trabajadoras pueden verse afectados por la Orden.

En definitiva, según ELA estamos ante una Orden llena de agujeros negros, que no auguran nada positivo para los bolsillos de las familias ni para la educación de buena parte de la juventud de la Comunidad Autónoma, y que llena de incertidumbre a un colectivo importante de trabajadoras y trabajadores del sector educativo.