El acuerdo de CCOO, UGT y CSIF supone una nueva injerencia en la capacidad de organización de los servicios públicos de nuestro país
Para ELA la propuesta del Gobierno español para el personal de la administración pública sigue ahondando en las políticas de injerencia y centralización liderados por el ejecutivo de Rajoy y los sindicatos estatales, y es absolutamente insuficiente, puesto que da cobertura a las políticas de austeridad que han supuesto la destrucción de más de medio millón de empleos públicos; no hace frente a la grave situación del empleo en las administraciones públicas, y además de no abordar la recuperación del poder adquisitivo, puede suponer incluso una pérdida mayor, ya que el acuerdo en ningún caso garantiza el IPC, y pretende eliminar la referencia a dicho índice.
En materia de empleo el acuerdo manifiesta que no habrá ni incremento de gasto ni de efectivos; si a esto le sumamos que en algunos sectores se plantean tasas de reposición del 75%, el acuerdo traerá consigo nuevamente destrucción de empleo público.
ELA denuncia que, lejos de respetar la capacidad de organizar los servicios públicos en cada administración y comunidad autónoma, el acuerdo sigue imponiendo una tasa de reposición del 100% solo para aquellas CCAA que cumplan los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto, penalizando a las que no lo cumplan. Se da prioridad al pago de la deuda y la regla de gasto sobre unos servicios públicos de calidad.
Por tanto, ELA rechaza esta propuesta y pide a los gobiernos de Gasteiz e Iruña que hagan valer su capacidad de autogobierno; que dejen de una vez por todas de compartir los dictados marcados por Madrid, que han traído consigo la destrucción de más de 23.000 empleos públicos en Hego Euskal Herria y tasas de temporalidad que rondan el 35%, y pide a los partidos politicos con representación en Madrid que no den cobertra a este acuerdo en los presupuestos generales del Estado para 2018.
ELA pide al Gobierno de Gasteiz e Iruña que abran de manera urgente procesos de negociación para la realización de OPEs, procesos de consolidación de empleo temporal, así como la paralización de la privatización y subcontratación de servicios, la recuperación del derecho a la negociación colectiva con el cumplimiento íntegro de los acuerdos y la recuperación del poder adquisitivo perdido y los derechos recortados.