El Covid-19 destapa todas las vergüenzas de la Administración de Justicia de la CAPV
Mientras que en todo el Estado se implementa el teletrabajo para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, en la CAPV, y a pesar de los reiterados requerimientos para la implementación y desarrollo de la informatización judicial realizados por ELA, dicha medida resulta imposible por el lamentable retraso que dicho proceso está teniendo en la CAPV. Que quede claro. Somos los últimos del estado.
JustiziaSip es la aplicación dirigida a Procuradores y Abogados para gestionar en tiempo real la situación de sus asuntos ante los órganos judiciales de la CAPV. Esa aplicación, que debe posibilitar un intercambio seguro de información entre los operadores jurídicos y los órganos judiciales, se ha demostrado la más limitada de todo el Estado.
Hasta el punto que ni permite la presentación telemática de escritos de inicio (demandas, por ejemplo), ni ha sido desarrollada para la implementación de la firma electrónica reconocida en las resoluciones procesales, posibilidades que con normalidad se han ido desarrollando en los últimos años en el resto de ámbitos estatales, y que permiten -lo que se ha hecho evidente en una situación tan grave como la presente- el desarrollo telemático de gran parte de la actividad jurisdiccional y, por ende, la reducción de la necesidad de presencia física tanto de personal funcionario, como de profesionales y ciudadanos en general de cara al mantenimiento del confinamiento acordado y de la seguridad sanitaria de toda la sociedad.
En todo este tiempo el partido que Gobierna casi ininterrumpidamente en la CAPV ha dejado en evidencia que muy poco le ha interesado la Consejería de Justicia. Ya desde 1980 se ha podido apreciar que en sus gobiernos en coalición era una de las materias que regalaba sin reparo a sus socios, lo que ha conllevado una endémica infradotación presupuestaria del servicio público de la justicia. Esta crisis no ha hecho más que destapar viejas vergüenzas: medios y sistemas lejos de los estándares actuales, personal responsable sin firma electrónica reconocida, sistemas telemáticos desfasados, interconectividad nula, etc.
En este momento de emergencia sanitaria extraordinaria, y ante la lamentable decisión tanto del CGPJ como del Ministerio de Justicia, que también hemos denunciado públicamente por considerarla contraria al RD de 14 de marzo que declaraba el estado de alarma, de permitir la presentación de escritos telemáticos, su registro y tramitación respecto a procesos judiciales no esenciales, el Departamento de Justicia del País Vasco, incapaz su sistema de hacerlo telemáticamente, ha acordado, incumpliendo y agravando la propia Resolución del Ministerio, incrementar el personal funcionario que debe permanecer con carácter obligatorio en las oficinas judiciales, y establecer sistemas presenciales para la realización de trámites judiciales que ponen en peligro la salud del personal funcionario, profesionales y ciudadanos.
A todo lo anterior, hay que sumar un también crónico incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, con oficinas judiciales sobreocupadas, problemas de salubridad, sin evaluaciones de riesgos, sin actualizar los planes de emergencia, falta de EPIs, y así un largo etcétera.
ELA ya denunció hace años que la de Justicia era una transferencia averiada y, nuevamente y cuando resulta más ineludible contar con los medios necesarios, el tiempo no hace más que volver a darnos la razón.
Hoy, mientras cerca del 95% de la Administración de Justicia a lo largo del Estado avanza en el teletrabajo en la Administración de Justicia, aquí, en el oasis vasco, se aumentan los turnos presenciales del personal funcionario y se pone el riesgo su salud, la de los profesionales y ciudadanía en general, porque el desarrollo integral del expediente digital ha sido abandonado por el Gobierno Vasco.