El Decreto Iceta es pura propaganda y no da ninguna garantía de consolidación de empleo
El texto convalidado en el Congreso es el mismo que el acordado por el Gobierno del Estado, CCOO, UGT y CSIF (publicado el 7 de julio, sin cambios). El contenido de este texto es muy grave, ya que además de ser un ataque más del Estado en nuestro autogobierno, abre la puerta al despido de miles de personas que trabajan en las Administraciones.
Como es sabido, en el Congreso hubo dos votaciones. En la primera se dio un empate a 170 y en el segunda, por un voto, se convalidó el Real Decreto 170-169 Iceta. Afirmativos: hubo 170 votos. Entre ellos: PSOE, Podemos, ERC, Nueva Canarias, Compromís, PRC.
Negativos: hubo 169 votos, entre ellos EH Bildu, CUP, BNG, Junts, PDcat, Coalición Canaria, PP, VOX y Ciudadanos.
Abstenciones: 8 votos: PNV y Más País.
Negativos: hubo 169 votos, entre ellos EH Bildu, CUP, BNG, Junts, PDcat, Coalición Canaria, PP, VOX y Ciudadanos.
Abstenciones: 8 votos: PNV y Más País.
En las movilizaciones que ELA ha llevado a cabo en los últimos días ha pedido a los partidos políticos vascos, una y otra vez, que no ratifiquen el Decreto. Además, como se ha visto, podía estar en sus manos que este mismo Real Decreto se quedara en un cajón.
En lugar de convalidar el Real Decreto sin ninguna garantía y con tanto riesgo, y después pactar los "parches", existía una alternativa mejor: rechazar todo el Real Decreto y empezar desde cero, iniciar un proceso garantista que permita la consolidación de los empleados públicos
¿Cuál es la situación que tenemos ahora?
Por un lado, el Gobierno ha consolidado su Real Decreto "con todas las aprobaciones y bendiciones" de UGT, CCOO y CSIF.
Y por otro lado, tenemos un supuesto acuerdo entre algunos partidos políticos y el Gobierno:
No conocemos el contenido concreto de ese acuerdo, no está escrito en ningún sitio y dicen que se recogerá en una ley de urgencia.
La tramitación de esta ley deberá finalizarse a finales de octubre.
Por un lado, el Gobierno ha consolidado su Real Decreto "con todas las aprobaciones y bendiciones" de UGT, CCOO y CSIF.
Y por otro lado, tenemos un supuesto acuerdo entre algunos partidos políticos y el Gobierno:
No conocemos el contenido concreto de ese acuerdo, no está escrito en ningún sitio y dicen que se recogerá en una ley de urgencia.
La tramitación de esta ley deberá finalizarse a finales de octubre.
Contenidos consensuados entre Gobierno y partidos políticos:
La información del contenido la sabemos por la prensa. No hay documentos escritos:
Que la fase de oposición no será eliminatoria. Esta puede ser una medida adecuada si se incrementa el peso que se le da a la experiencia de esa administración (nosotros así lo hemos pedido en las diferentes mesas), pero si no se valora más la experiencia en ningún caso se garantiza la consolidación (en el texto convalidado, un máximo del 40%).
Que la fase de oposición no será eliminatoria. Esta puede ser una medida adecuada si se incrementa el peso que se le da a la experiencia de esa administración (nosotros así lo hemos pedido en las diferentes mesas), pero si no se valora más la experiencia en ningún caso se garantiza la consolidación (en el texto convalidado, un máximo del 40%).
En relación con la conversión automática en fijo del personal que ocupe el mismo puesto durante 10 años, su efecto será totalmente residual. Porque además de que miles y miles de personas son eventuales, la rotación entre puestos es enorme y muchas cubren puestos de trabajo no creados formalmente.
No tienen, por tanto, en ningún caso, 10 años de vinculación con una plaza concreta. A esto hay que añadir que el supuesto acuerdo también exige que estas plazas no hayan salido nunca a oposición.
Objetivo de ELA: condicionar este proyecto de ley mediante la movilización del personal público para lograr tres objetivos:
- Eliminación de tasas de reposición.
- Que 70.000 eventuales que trabajan en los servicios públicos de nuestro país consoliden su puesto de trabajo y se cierre así la puerta a la privatización.
- Adoptar medidas eficaces para evitar que la situación actual vuelva a repetirse en el futuro: medidas para garantizar la provisión de servicios públicos con puestos estables.
- Eliminación de tasas de reposición.
- Que 70.000 eventuales que trabajan en los servicios públicos de nuestro país consoliden su puesto de trabajo y se cierre así la puerta a la privatización.
- Adoptar medidas eficaces para evitar que la situación actual vuelva a repetirse en el futuro: medidas para garantizar la provisión de servicios públicos con puestos estables.