El Gobierno Lopez da pasos para destruir empleo público y privatizar servicios

El ataque contra los servicios públicos continúa liderado por Patxi López. Pese a que su Consejero de Economía pregona que Euskadi ya ha salido de la recesión, Patxi López ha decidido someterse escrupulosamente a los mandatos del Gobierno Español y seguir con las políticas de recorte que, ahora, van dirigidas a destruir empleo y debilitar los servicios que se prestan desde lo público.  

Con la puesta en marcha de estas medidas, Patxi López muestra su incapacidad de promover ninguna iniciativa propia, limitándose a seguir los pasos que otros le han marcado en un guión. Todas las medidas que ha adoptado tienen un mismo objetivo: acabar con los servicios públicos. El paso que se da con esta instrucción puede ser una estocada definitiva a los servicios públicos y una declaración de guerra a los y las trabajadoras y a nuestro sindicato.  

La “Instrucción de la Dirección de Función Pública para la reducción del gasto de personal para 2010” establece que:

- no se autorizarán sustituciones inferiores a 6 meses en los casos de incapacidad temporal, permisos y licencias retribuídas. En los centros docentes se sustituirá a partir del 5º día laborable, siempre que la carga de trabajo lo justifique.

- Con carácter general tampoco se van a realizar contrataciones por acumulación de tareas.

- Plantean la amortización de todas aquellas dotaciones que puedan considerarse prescindibles para la organización, tengan titular o no. Y, con carácter general se van a destruir todas las vacantes producidas durante 2010 por jubilación o fallecimiento.

- Se suspende la creación de nuevas plazas.

- Además, la instrucción plantea que la restricción de sustituciones y acumulaciones puede llevar a un replanteamiento de las vacaciones y que las tareas generadas por ausencias deberán ser asumidas por el resto del personal.

- Los permisos quedan supeditados a las necesidades de servicio.

¿CÓMO VA A AFECTAR ESTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

ALGUNOS EJEMPLOS:

-          En el ámbito de Osakidetza ya se han dejado de sustituir, a lo largo del verano, bajas y permisos., incluso en ámbitos muy saturados de cargas de trabajo como las urgencias. Así en las urgencias del Hospital de Cruces, en la zona de reconocimiento han trabajado sólo 3 auxiliares de enfermería, en lugar de las 5 habituales. Y el servicio de telefonía de este mismo hospital, que cubre también las llamadas a urgencias, ha estado cubierto durante varios días por una sola persona. También en el Hospital de Galdakao se han negado los refuerzos para cubrir necesidades estructurales detectadas en los laboratorios, enfermería y auxiliares.

-          Del mismo modo, en Atención Primaria se ha dejado sentir este recorte de plantilla y ha habido núcleos poblacionales que multiplican su población en verano, en los que no se ha contratado personal de refuerzo, que es lo habitual por el incremento de la carga de trabajo. Tampoco se han sustituido las bajas o los días sueltos de permisos, y las vacaciones del personal se han tenido que cubrir repartiéndose el trabajo. En algunos casos, incluso se ha llegado al cierre de consultas.

-          En el caso de  Educación Pública, además de reducirse el número de plazas que se han ofertado este año a los sustitutos, estos, en lugar de incorporarse el 1 de septiembre, han ido a su puesto de trabajo el día 7, con el consiguiente ahorro de salarios y el perjuicio a la hora de preparar el curso para estos sustitutos.

-          Por otro lado, desde el inicio de curso no se están cubriendo las bajas, las reducciones de jornada del personal fijo, ni las licencias y permisos, en periodos de cinco días laborables.

 -          Otro ámbito que se va a ver muy afectado es el de Justicia. Cualquier juzgado o servicio dependiente de la Administración de Justicia está hoy ya al límite, por las cargas de trabajo. De hecho, la media de asuntos vivos por persona es de 150. ¿Qué va a ocurrir cuando se proceda a no sustituir al personal?, ¿puede algún trabajador de Justicia asumir más carga de trabajo que la que hoy tiene?. Servicios tan sensibles como los registros civiles o los servicios de ejecutorias penales se van a ver directamente perjudicados.

-          Por tanto, esta instrucción plantea la no cobertura de las sustituciones y la obligación de repartirse las cargas de trabajo entre el resto de trabajadores.

-          Pero hay otro elemento que es, si cabe, más grave, ya que esa misma instrucción abre la posibilidad de amortización de plazas estructurales, plazas presupuestadas en las Relaciones de Puestos de Trabajo que van a desaparecer. El Gobierno, a través de Función Pública se arroga la capacidad de decidir qué plazas se pueden eliminar, cuáles no son necesarias para el sistema, tengan o no ocupante. Este tipo de amortizaciones las hemos detectado ya en Osakidetza y en Educación.

-          Nunca, ningún gobierno se ha atrevido a llevar adelante un ataque de estas características.

CONSECUENCIAS

-          En todos los casos se va a resentir el servicio público que se ofrece, pero también se van a ver muy perjudicados los y las trabajadoras que lo dan, que van a tener que gestionar cargas de trabajo imposibles. En el ámbito educativo, las aulas van a estar desatendidas, poniéndose en peligro la consecución de los objetivos educativos. El personal que cubra al compañero que no está, no va a poder hacer nada más que ejercer de cuidador.

-          En Osakidetza serán los pacientes los que sufran la desatención; cierre de consultas, incremento de listas de espera, mayor saturación de las urgencias…

-          En todos los ámbitos de Gobierno, (Osakidetza, Educación, Justicia, Administración General…) el incremento de la carga de trabajo en personas ya saturadas, puede conllevar la comisión de errores.

-          Se incrementa la carga de trabajo para el personal que tiene que cubrir a quien no está; y empeoran las condiciones del personal sustituto. Para todos aumenta la presión.

-          La calidad de los servicios públicos en entredicho: durante años hemos manifestado nuestra preocupación porque la calidad de los servicios públicos se sustentaba en el esfuerzo personal de miles de trabajadores y trabajadoras que han ido tapando las deficiencias del sistema, fruto de las decisiones políticas que se han ido tomando. Esto no va a ser así con la aplicación de esta instrucción.

OBJETIVO: ADELGAZAMIENTO Y DEBILITAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO

¿Se pretende ahorrar en costes o preparar el camino para una posterior privatización de los servicios?

Llevamos años denunciando los tres males que aquejan a esta Administración:

-          la falta de plantilla: no hay personal suficiente para hacer frente a las cargas de trabajo.

-          la precariedad: miles de personas que trabajan en la Administración con un contrato eventual

-          La amenaza de la subcontratación: cada vez hay más servicios públicos que pasan a manos privadas a través de las subcontratas o la creación de empresas públicas. 

Estos tres males han movilizado en los últimos años al personal de los diferentes sectores. Con el objeto de atajarlos y proclamando a los cuatro vientos que un buen modo de hacer frente a la crisis era la creación de empleo público, el Gobierno de Patxi López comprometió, en el Acuerdo de Mesa General, 13.000 plazas para la Administración, con las que pretendía dar estabilidad al 30% de su plantilla, que trabaja con contratos eventuales y en fraude de ley. Una de las consecuencias directas de la aplicación de esta instrucción es que de las 13.000 plazas pactadas en el Acuerdo de Mesa General, 5.700 no van a salir. Y, sólo en el año 2010, 1.100 plazas estructurales van a ser destruidas, amortizadas, eliminadas de las relaciones de puestos de trabajo. De seguir así, en los próximos tres años en Osakidetza se van a destruir cerca de 2000 puestos de trabajo, y alrededor de 1500 en Educación.  

Las consecuencias que la aplicación de esta instrucción va a traer en los diversos sectores de Gobierno son nefastas para todo el servicio público. Lo que ya eran carencias evidentes por una falta estructural de personal, ahora se va a ver agravado, y quienes lo van a pagar son quienes ofertan el servicio y los y las ciudadanas que lo reciben.

 EL CAMINO DE LA PRIVATIZACIÓN

Estas medidas parecen más una coartada para atacar el servicio público que algo que persiga la reducción del gasto. 

Ejemplo de lo que decimos es la comunicación que Rodolfo Ares, desde el Departamento de Interior ha hecho a todas las jefaturas de la Ertzaintza para que elaboren un listado de los puestos de cada unidad que puedan ser ocupados por seguridad privada sustituyendo a los ertzainas.

El Gobierno de Patxi López con su actuación pretende destruir los servicios públicos en un momento en el que la sociedad más los necesita. Reducirlos a la mínima expresión para que esos mismos servicios se oferten desde lo privado y alguien haga negocio con ello. Por este motivo los y las trabajadoras de lo público salimos a la calle el 25 de mayo, vamos a seguir trabajando en la vía de la movilización, porque VIENEN PARA DESTRUIR lo público.