El Gobierno Vasco debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público de la CAPV

24/01/2019
La propuesta salarial del Gobierno Vasco para este Proyecto de Ley es el mínimo planteado por el Gobierno de Sánchez en su Real Decreto-Ley y que ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados en Madrid. ELA recuerda que la perdida de poder adquisitivo ronda el 15 %. Además, el Proyecto de Ley que está elaborando el Gobierno de Urkullu debe contemplar, de manera urgente, una partida presupuestaria que posibilite la consolidación de empleo de miles y miles de trabajadoras y trabajadores públicos temporales.

Ante las declaraciones realizadas por el Portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, en las que asegura que el Proyecto de Ley que presentarán incluirá una subida salarial de los trabajadores públicos de un 2,25 %, queremos recordar que a fecha de hoy la situación es la siguiente:

  • La perdida de poder adquisitivo ronda el 15 %.

  • El recorte de Itzarri actualmente es del 2%.

  • Se mantiene el recorte en el desarrollo profesional y las primas de jubilación.

  • La temporalidad ronda el 40% en todos los sectores: educación, salud, autónoma...

  • La privatización y la destrucción de empleo público ha sido una constante en estos años.

Esta foto es consecuencia directa de la apuesta por la política neoliberal y antisocial del Gobierno Vasco, que ha priorizado el superávit presupuestario y el pago de la deuda a unos servicios públicos que garanticen las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas de la CAPV. Solo dos datos: la inversión en salud desde el año 2009 hasta el momento, ha descendido en 52O millones; y la inversión en educación en 632 millones, todo ello con los consiguientes efectos negativos sobre nuestro sistema educativo y nuestro sistema público de salud.

La propuesta salarial del Gobierno Vasco para este Proyecto de Ley es el mínimo planteado por el Gobierno de Sánchez en su Real Decreto-Ley, que ya ha sido convalidado en el Congreso, y que no es otro que el contenido del acuerdo alcanzado en marzo del 2018 entre el Gobierno de Rajoy y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Dicho acuerdo supuso la aplicación del 155 contra los servicios públicos en nuestro país; no incluye la referencia al IPC y esta condicionado al PIB y al superávit presupuestario.

ELA exige al Gobierno Vasco y a los grupos políticos con representación el Parlamento Vasco que aprueben una Ley que revierta todos y cada uno de los recortes perpetrados sobre las condiciones laborales.

  • Que suponga la recuperación del poder adquisitivo perdido, que ronda el 15%.

  • La totalidad de las aportaciones a Itzarri y las primas de jubilación.

  • El desarrollo profesional en los diferentes sectores.

  • Y una partida presupuestaria que garantice la apertura de un proceso de negociación real que traiga consigo la consolidación, de manera inmediata, del puesto de trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras en situación de temporalidad y precariedad en el sector público vasco.

  • Que permita el desbloqueo del conflicto de la educación concertada.