Las propuesta del Gobierno vasco eternizarán la temporalidad y la precariedad en la Enseñanza Pública

Actualmente 9.700 docentes que trabajan en la red pública son eventuales -el 38% del total-, y la mayoría llevan mucho tiempo en esta situación de precariedad.

En el acuerdo firmado en mayo de 2018 por el Gobierno con Steilas, LAB, CCOO y UGT se recogía la intención de convocar OPEs de 5.000 plazas durante la legislatura 2017-2020 para diferentes colectivos de docentes, dejando abierta la posibilidad de aumentar la cifra en 500. En el mejor de los casos, ello dejaría la temporalidad en un inaceptable 28% al final de la legislatura, ya que con las 5.500 plazas se suplirían 3.100 vacantes por jubilación, y solo 2.400 servirían para reducir la eventualidad. Esto está muy lejos del objetivo de reducir la temporalidad al 6%, que reivindicamos en las huelgas y movilizaciones desarrolladas en los dos últimos cursos junto con Steilas y LAB.

A esto hay que añadir la política de ratios extrema que está aplicando Educación, una realidad que ELA denunció recientemente. En la Educación Pública hay un déficit de 2.388 plazas por el número de aulas que hubieran debido crearse por el incremento de la matrícula, y el número de alumnas y alumnos por clase ha crecido en un 9%. Para hacer frente a esta situación harían falta 2.388 docentes más, pero el Gobierno solo ofrece 60 plazas más. Esto es, 2.328 plazas menos de las que hacen falta. Es decir, el incremento del ratio de alumnado por clase que se ha producido desde 2009 seguiría en las mismas, con los problemas que ello acarrea en el desarrollo del proceso educativo.

En la OPE de 2018 hubo 1.511 plazas para Secundaria y Formación Profesional. En el contexto actual es inaceptable que 405 de las plazas ofertadas (el 26,8%) hayan quedado sin cubrir. Ante esto, ELA ha denunciado la falta de transparencia del proceso de la OPE, porque los criterios de evaluación no son públicos y la corrección de los exámenes no se puede revisar; el sindicato ha exigido a Educación que escuche la denuncias de los y las opositores y realice una investigación.

Por otra parte, el Gobierno ha presentado la OPE de 2019, en la que se ofrecerán 1.825 plazas para Infantil y Primaria en todas las especialidades (las cifras por concretar), más algunas plazas más (sin concretar números) para Consevatorios y Artes Escénicas. Por otro lado, el Gobierno ha puesto encima de la mesa algunas propuestas de cara a esta OPE: aumentar el peso del caso práctico hasta el 70% (hasta ahora era del 60%), valorar solamente la defensa oral (y no el documento) en la programación didáctica, adelantar la fecha del examen, valorar la nota de las personas que aunque hayan aprobado la OPE no consigan plaza, o que las OPEs de cada colectivo sean cada 3 años.

ELA considera muy insuficiente la propuesta de Educación. Por ello, ha exigido a la administración que recupere las plazas eliminadas mediante el aumento de ratios, destine los recursos necesarios para que nuestro sistema educativo pueda hacer frente a los retos actuales, y que acuerde una OPE y un modelo de empleo que permita la consolidación del personal que lleva muchos años en situación precaria y demuestra día a día su capacitación en los centros de enseñanza.

Por último, ELA ha denunciado la vulneración de sus derechos sindicales y su derecho a la negociación colectiva, ya que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de mayo de 2018 firmado por la Administración con Steilas, LAB, CCOO y UGT se excede de sus funciones tratando y negociando materias de negociación colectiva. Nos parece especialmente grave que el resto de sindicatos incurra en esta práctica antidemocrática y antisindical, y más cuando está en juego el futuro del profesorado eventual de la red educativa pública. Por ello, ELA ha exigido al Gobierno y al resto de sindicatos que aquello que sea materia de negociación colectiva sea llevado inmediatamente a la mesa negociadora.

En la comisión de seguimiento se está negociando con Educación la propuesta de estabilidad, que supondría mantener la actual temporalidad y precariedad. Y en la medida en que esta fórmula es deficiente implica numerosas lagunas, déficit y riesgos. Por ejemplo, dado que implicaría que la mayor parte del personal interino estuviera fijado, si una persona interina “perdiese” su plaza (por la vuelta del o de la titular, o porque otro u otra funcionario-a de carrera la ha cubierto por una OPE, o en el concurso de traslados, etc.), volverá a listas; como en la mayoría de plazas vacantes habrá interinos/as fijados/as, la persona que ha debido volver a listas tendrá muchas menos plazas a elegir, a pesar de tener una buena puntuación; incluso es posible que esté obligada a hacer sustituciones.

En opinión de ELA existe una alternativa; la manera de dar una solución adecuada al problema de fondo, la temporalidad, es suplir las necesidades estructurales con plazas estructurales, mediante una OPE masiva que tenga garantías de consolidación. Primero habría que definir bien las necesidades estructurales, creando las plazas necesarias, diseñando OPEs de consolidación y tomando las medidas oportunas para evitar que se reproduzcan estos enormes niveles de eventualidad.