El Gobierno Vasco y el INSS firman un acuerdo para perseguir la bajas y criminalizar a los trababajores y trabajadoras de los servicios públicos
El Gobierno Vasco y el I.N.S.S. han cerrado un convenio de colaboración dotado con 7 millones de euros con el objetivo de “mejorar la prestación de incapacidad temporal” que en realidad busca el control férreo de las IT que consideran tiene un uso abusivo y sin importar la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Por un lado, el acuerdo va a implantar una tabla de duraciones estandar de las bajas al estilo de las Mutuas y va a incentivar a las y los médicos que acerquen la duración de las bajas a esas tablas preestablecidas sin criterio médico, asimismo van a controlar a los profesionales médicos que no utilicen estas tablas.
El acuerdo deja en entredicho la profesionalidad de quienes certifican la incapacidad de los trabajadores y trabajadoras en el sistema sanitario público y deja a un lado los criterios médicos para utilizar sistemas de gestión mercantilistas.
Asimismo, el convenio se dota de una partida específica para controlar las bajas de los empleados públicos de quienes afirma: “Se pretende realizar un análisis en profundidad de los procesos de IT que generan los colectivos pertenecientes al sector público que se caracterizan por presentar un uso abusivo de la prestación de IT.”
En vez de sospechar de los trabajadores y trabajadoras bien haría el Gobierno Vasco en analizar las razones por las que en sus dependencias existen mayores riesgos sicosociales que en las empresas privadas y los casos de mobbing son mucho más numerosos.
Desde ELA queremos denunciar nuevamente la demonización que se está realizando de los empleados públicos a quienes los diferentes gobiernos están culpabilizando de la situación económica, vuelven a cargar sobre los colectivos socialmente más débiles en lugar de enfrentarse a los culpables de esta situación con quienes el Lehendakari suele despachar amigablemente en su Consejo Asesor (empresarios de entidades financieras, consejero delegado de Iberdrola...).
Por último, hacemos un llamamiento a mostrar su rechazo a todos los empleados públicos y rebelarse ante estos ataques.