El nuevo Hospital de Eibar no va a crear empleo ni mejorará los servicios sanitarios

En sus declaraciones el señor Darpón no dice que se crearán 97 puestos de trabajo; dice que se crearán 97 puestos estructurales. El uso de la palabra “estructurales” no es casual, ya que detrás de ese pequeño matiz se esconde la diferencia entre la triste realidad y la falsa ilusión. Basta dar unos pocos datos para ver a qué nos estamos refiriendo: actualmente Osakidetza tiene una plantilla de 26.400 puestos estructurales, pero la plantilla real está compuesta por más de 35.000 personas, de las cuales, más de 15.000 son temporales.

De esta manera, la apertura del Hospital de Eibar en ningún caso va a suponer la creación de puestos de trabajo netos en la plantilla de Osakidetza, sino que en la siguiente OPE, 97 personas pasarían de ser temporales a ser fijas. Dicho con palabras técnicas: lo único que va a hacer es pasar 97 puestos, de la plantilla funcional a la plantilla estructural.

Esta operación, en términos reales de creación de empleo, da un saldo neto de 0, es decir, Osakidetza va a regularizar 97 puestos que hasta ahora estaban cubiertos temporalmente mediante contratación eventual, pero no va a crear ningún puesto de trabajo nuevo.

Debemos añadir que el hecho de ofrecer dicha estabilidad o fijeza tampoco es algo que haya nacido del buenismo. Sino que es algo a lo que la Dirección de Osakidetza se ve obligada, debido a la contundencia que muestran las últimas sentencias emitidas por órganos judiciales tan importantes como el TSJPV o el Tribunal Supremo, cuando dicen y reiteran una y otra vez, que Osakidetza hace un uso abusivo y contrario a derecho de los contratos temporales. En el Servicio Vasco de Salud, se dan situaciones tan kafkianas como que el personal llegue a la edad de jubilación siendo temporal o que una persona tenga 200 contratos en un plazo de tres años.

En relación con los criterios de contratación de personal que van a regir la futura contratación en el hospital, debemos señalar que desde Osakidetza, en un nuevo ejercicio de opacidad, poco o nada nos ha trasladado al respecto. Pero en base a la información que hasta el momento tenemos, podemos decir que no parece que tengan demasiadas intenciones de ajustarse a lo que en esta materia determinan las leyes de empleo público y los acuerdos de contratación temporal, obviando la legalidad vigente y los acuerdos emanados de la negociación colectiva. Desde ELA exigimos un proceso de contratación que respete la legalidad vigente y garantice la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Sobre la subcontratación de servicios, la Dirección de la OSI de Debabarrena nos asegura que no se ha subcontratado ningún servicio y que no se prevé la subcontratación de ninguno de ellos; lo cual nos alegra mucho y esperamos que así sea.

No obstante, sí queremos añadir que si esto es así, no es porque la Dirección actual de Osakidetza este convencida y defienda a ultranza el carácter público del servicio, sino simple y llanamente por la presión sindical que ha recibido durante los últimos años y por verse obligada mediante sentencia judicial a tener que desistir del hecho de que algunos servicios sean prestados por empresas privadas.

Para terminar, decir que en relación a los servicios que va a ofrecer el futuro hospital nos preocupa sobremanera lo que está ocurriendo con el PAC de Eibar y de Ermua.

Parte de la plantilla de estos centros va a ser trasladada con una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo al Hospital de Eibar con el claro objetivo de que, en poco tiempo, el servicio que actualmente se presta en esos PACs pase a prestarse íntegramente en el nuevo hospital, procediendo así al cierre de las actuales instalaciones.

Esto, además de la destrucción de puestos de trabajo, va a suponer una reducción y una merma en el servicio sanitario que se ofrece a la ciudadanía, puesto que además de dejar de contar con dos PACs que hasta ahora estaban en funcionamiento, el servicio de urgencias que a partir del lunes se va a ofertar en el Hospital de Eibar no va a ser el de unas urgencias hospitalarias, sino que va a ser el de un PAC. Es decir, los ciudadanos van a tener que seguir desplazándose al Hospital Mendaro.

Tampoco va a contribuir a solucionar el colapso de otros centros sanitarios, ni va a dar carpetazo a la subcontratación de múltiples servicios sanitarios a centros privados, subcontratación que además de suponer la privatización práctica de determinados servicios, no incrementa la calidad de los mismos y supone un desembolso millonario de las arcas públicas.