El Parlamento Vasco aprueba una proposición no de ley para que se valoren los puestos de trabajo de la administración de justicia y cumpla así la sentencia del Tribunal Supremo

Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco se allana en la demanda de ELA contra la falta de valoración de los puestos de trabajo en Donostia.

Paralelamente, tras el recurso de casación estimado por el Tribunal Supremo a ELA contra la RPT de Barakaldo, que fijó como doctrina que “para la fijación de la cuantía individualizada del complemento específico en una relación de puestos de trabajo de la Administración de Justicia debe procederse necesariamente a una valoración de las condiciones particulares de los puestos de trabajo previa o, al menos, paralela a la aprobación de dicha relación de puestos de trabajo”, en la demanda que ELA había interpuesto por mismo motivo contra la RPT de Donostia (aprobada el pasado año 2018), se ha producido el ALLANAMIENTO del Gobierno Vasco, asumiendo las pretensiones de la demanda de ELA.

ELA quiere recordar que esa valoración de los puestos de trabajo, que debía de estar realizada desde 2012 para los cerca de 2.400 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia y desde 2010 para el Cuerpo de Médicos Forenses, ha supuesto dejar de abonar unas retribuciones, según categorías, de alrededor de un 20% de media al personal de justicia en Euskadi, lo que puede ascender a un total anual de unos 15 millones de euros.

Por ello, ELA exige al Gobierno Vasco el inmediato cumplimiento de los mandato judiciales y del Parlamento Vasco.