ELA denuncia que el Gobierno Vasco pretende imponer medias que privatizan el sector

El Departamento de Educación comenzó a realizar contratos por circunstancias de la producción (35 aproximadamente) después del verano de 2022, sin informar a los sindicatos. Estos nuevos contratos sólo tienen una duración legal de seis meses, en un periodo de un año.

Educación convocó a los sindicatos a una reunión extraordinaria el 21 de marzo. Solicitaba a los mismos que firmaran a favor de ampliar ese plazo de seis a diez meses. “Si hubiéramos aceptado la propuesta, sin ninguna medida complementaria, seríamos cómplices de la gestión de las contrataciones temporales precarias”, afirma ELA. En primer lugar, explica, porque se extendería la precariedad con la repetición de estos contratos; y por otro, porque aún tratándose de un contrato de 10 meses, más tarde se condenaría a esa trabajadora a seis meses de paro o a contratos aun más precarios. La propuesta del departamento, asegura ELA, no suponía ningún cambio estructural.

Ahora, cuando muchos de estos contratos han llegado al límite de plazo, el Gobierno analiza opciones que implican la privatización. El Departamento ha optado por ampliar el servicio de catering en esas situaciones o directamente eliminará estos puestos de trabajo, algo que ELA califica de “inaceptable”.

“La privatización del servicio profundiza en la precarización de las condiciones laborales. Además, influye directamente en el servicio que se presta al alumnado: mientras unos alumnos comerán la comida cocinada en la cocina local, otros tendrán que comer la cocinada en una cocina externa. No podemos dar por buena ni la privatización de los puestos públicos ni las cargas adicionales de trabajo que puedan caer sobre el resto del personal de las cocinas como consecuencia de la extinción de los contratos de ayuda”, explica.