ELA emplaza al Gobierno Vasco a investigar las denuncias en torno a la OPE de enseñanza
Actualmente el 38% de docentes que trabajan en nuestra enseñanza pública (9.700 personas) son eventuales. Además, muchas de ellas vienen trabajando en esa situación precaria desde hace muchos años.
El preacuerdo firmado en mayo por el Gobierno con Steilas, LAB, CCOO y UGT recoge la intención de sacar a OPEs 5.000 plazas durante la legislatura 2017-2020, y se deja abierta la posibilidad de añadir 500 más. En la OPE que se está desarrollando estos días se habían ofrecido 1.511 plazas de secundaria y FP.
Esas previsiones dejarían la eventualidad a final de legislatura en un inaceptable 28% (de las 5.500 plazas citadas 3.100 serían para cubrir vacantes por jubilación y solo 2.400 reducirían la temporalidad). Ello implica que se quedaría muy lejos del 6% reivindicado por los sindicatos en las movilizaciones de los últimos cursos.
En este contexto, no es de recibo que el 25% de las plazas de la OPE para secundaria y FP (375 de 1.511) se queden sin cubrir: 375 personas que deberían tener un empleo estable se verán obligadas a seguir siendo eventuales.
Y son rechazables las declaraciones de la consejera de Educación ante las denuncias presentadas; ha afirmado que es positivo que se estabilice la situación más de mil docentes, y que, a pesar de los extraños resultados habidos, el proceso está bien llevado a cabo.
Por un lado, la consejera, ante los resultados de la OPE y en función de su responsabilidad, debería escuchar las denuncias y llevar a cabo una investigación para corregir las deficiencias que haya podido haber, tanto en este proceso como ante los que puedan venir.
Por otra parte, tal y como ha denunciado ELA en repetidas ocasiones, la temporalidad seguirá en niveles altísimos, y el modelo de OPE que el ejecutivo da por bueno no sirve para la consolidación de los profesores y profesoras eventuales, ni para cubrir de manera estable las plazas vacantes por jubilación, así como las que sean necesarias para hacer frente a los desafíos del sistema educativo.
Por tanto, ELA emplaza una vez más al departamento de Educación a que escuche las denuncias y lleve a cabo una investigación. Además, el sindicato exige que se acuerde un modelo de OPE y empleo que permita consolidar a las personas que trabajan y dan muestras de su capacitación en los centros escolares, cubrir de manera estable las plazas que quedan vacantes por jubilación y las nuevas que se deban crear para hacer frente a los retos educativos del futuro.