ELA exige la legalización de la izquierda abertzale

En relación con la presentación –por parte de la izquierda abertzale ilegalizada– de las bases para impulsar un nuevo proyecto político y organizativo, ELA quiere manifestar lo que sigue.

1. La "Ley de Partidos"  y los autos y procesos judiciales –mediante los cuales se han ilegalizado listas electorales y partidos durante los últimos ocho años– han marcado un tiempo político siniestro de restricción de derechos y libertades reconocidos por la Constitución española. El pacto antiterrorista suscrito en diciembre de 2000 por PSOE y PP tenía por objeto, precisamente, poner en suspenso esos derechos para poder acabar con el espacio político y social actualmente ilegalizado.
2. Siguiendo esa política de asfixia, el gobierno español y el Partido Popular han impuesto a la izquierda abertzale ilegalizada condiciones para su propia legalización que en absoluto se exigen ni se han exigido a otras formaciones y corrientes ideológicas existentes en el estado, ni en el presente ni en el pasado. Condiciones que tienen que ver con la renuncia explícita a la violencia y a la coacción como instrumentos de lucha política.
3. Por eso, para ELA, la presentación por parte de la izquierda abertzale de las bases para impulsar un nuevo proyecto político constituyen un acto de especial relevancia política. De él valoramos sobre todo la sujeción a “las vías exclusivamente políticas y democráticas”, siendo este un compromiso no sujeto a “variables tácticas o factores coyunturales”. Valoramos muy positivamente también el rechazo explícito que hace al “uso de la violencia o la amenaza de su utilización como método para el logro de objetivos políticos”.
4. Esa declaración supone que ya no se dan las razones que el estado esgrimía para empujar su ilegalización. Por ello, la negativa a aceptar la legalización de quienes la suscriben resulta inaceptable. Una vez más tenemos que lamentar que agentes de escasa o nula raigambre democrática estén liderando la opinión pública española en relación con una materia tan grave, y lleguen incluso a marcar la línea política del gobierno socialista en relación con la cuestión vasca. Cada vez es más evidente la existencia de sectores mediáticos y políticos que han decidido hacer de la falta de normalización política en Euskal Herria su principal fuente de rentabilidad política.
5. ELA no espera que el estado modifique a estas alturas una ley antidemocrática como la ley de partidos. Pero considera inaceptable que las exigencias para la legalización de una sigla política sean modificables al alza o a la baja en función del colectivo que la solicite. El imperio de la ley exige que ésta se imponga a todos en condiciones de igualdad y sin sometimiento a otros deseos o principios gobernativos.
6. Por todo ello, ELA exige al gobierno español que actúe con la debida responsabilidad ante el paso dado por la izquierda abertzale ilegalizada y facilite la participación política en condiciones de igualdad de un espacio político al que nunca se le debió negar su derecho a estar presente en las elecciones y en el ámbito institucional.