ELA exige la transferencia de la administración penitenciaria

El sistema penitenciario está ligado al cumplimiento de las penas establecidas en sentencias judiciales (sobre todo las de reclusión) cuyo objetivo principal debiera ser la reinserción de la persona presa. Por ello es una cuestión importante, en relación con el modelo de sociedad que un sindicato democrático y de clase como ELA defiende. El ingreso en prisión, desgraciadamente, sigue siendo la respuesta penal generalizada a determinadas conductas y delitos, y la administración penitenciaria constituye la última fase del proceso penal.

ELA entiende que deben explorarse nuevas maneras de cumplir las penas de privación de libertad, más acordes a los principios democráticos y humanitarios. Privar a las personas de libertad encerrándolas detrás de unos muros y ventanas con barrotes, marginándolas y apartándolas de la sociedad, no es manera de ayudarlas en su reintegración social.

ELA defiende que sean además nuestras instituciones de autogobierno las titulares de esa competencia; competencia ya contemplada tanto en el Estatuto de Gernika como en el Amejoramiento. Euskal Herria necesita otro modelo de ejecución penal, público, más moderno y más humano que integre una confluencia de políticas educativas, sanitarias, laborales, de justicia y de igualdad. Creemos que ésta es una aspiración ampliamente compartida en nuestro pueblo. Lamentablemente esta competencia ha sido objeto de una constante utilización política y partidista, y las instituciones penitenciarias continúan siendo, a día de hoy, competencia de los gobiernos español y francés.

SISTEMA PENITENCIARIO VASCO: NUESTRA PROPUESTA

ELA exige la transferencia de la administración penitenciaria y que esa competencia sea exclusiva de los gobiernos e instituciones vascas. Esa exclusividad debe comprender tres funciones: la legislación, el desarrollo y la ejecución. Dicho de otra manera: esta transferencia no puede ser un mero traslado de las responsabilidades de gestión, sino que debe dotarnos de capacidad para desarrollar una política penitenciaria propia. Distinta de un modelo estatal que se ha mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción que la propia ley establece.

Defendemos una administración penitenciaria vasca, democrática y euskaldun. Esa administración debe estar además encuadrada en las Consejerías de Justicia de la CAPV y Nafarroa.

Una administración que debe ser escrupulosa en el respeto de todos los derechos de las personas encarceladas. Las condiciones de privación de libertad no pueden ir en menoscabo de la dignidad de las personas presas, ni suponer la privación de otros derechos. La intervención penitenciaria tiene por objeto único facilitar la vuelta a la sociedad de las personas encarceladas, y el cumplimiento de las penas no pueden privarles del arraigo social y familiar. En este sentido, rechazamos tajantemente el alejamiento de su entorno, de todas las personas privadas de libertad.

Se debe afrontar definitivamente la discriminación que sufren las mujeres en prisión. Todavía soportan mayor precariedad de espacios, tienen peores condiciones de habitabilidad (obligadas en la mayoría de ocasiones a convivir obligatoriamente en un mismo módulo sin que exista una separación por clasificación). Tienen menos posibilidades para acceder a diversos trabajos, y menor acceso a la formación; la maternidad se penaliza con medidas de dispersión y alejamiento y el cuidado de hijos e hijas se ve gravemente obstaculizado.

Es preciso regular y proteger el trabajo remunerado que muchas personas encarceladas realizan en las prisiones. Por el hecho de estar en prisión no deben sufrir discriminación con respecto al resto de trabajadoras y de trabajadores, y deben gozar de un salario y unas condiciones laborales dignas. Deben ser respetados sus derechos laborales (falta de descansos, horas extraordinarias no abonadas, opacidad en los criterios de selección de los aspirantes…) y tener derecho a la sindicación.

Es preciso poner fin a la política penitenciaria injusta que se aplica a los presos y presas de carácter político. Urge terminar con el aislamiento generalizado, la dispersión, el encarcelamiento de las presas y los presos gravemente enfermos, y la aplicación de medidas de excepcionalidad por razones políticas. El alejamiento no solo atenta contra el derecho a relacionarse de las personas presas con sus familiares y amistades, sino que supone un castigo añadido e inaceptable para las familias.

Para que todo esto sea posible es preciso dotarse de infraestructuras adecuadas en Hego Euskal Herria. Los centros de cumplimiento en régimen cerrado deben posibilitar que las personas privadas de libertad convivan con otras personas afines a su situación personal, tipo de delito, peligrosidad y duración de la condena, dotándolas de las instalaciones, medios, recursos y medidas necesarias para ello. De cuantas más dotaciones hablemos, más se redundará en clasificaciones más ajustadas y en una mejor calidad de vida de las personas presas.

Para quienes cumplen su condena en régimen abierto vemos necesario la construcción de un centro de inserción social, CIS, en cada territorio de Euskal Herria. Entendemos los CIS como centros abiertos a la sociedad, que se sirvan de todos los recursos de los que la sociedad dispone (formación profesional, programas formativos –violencia de género, doméstica, vial, laboral…–) para ayudarles, con más garantías, en su inserción social.

Para las personas que ya disponen de un trabajo o actividad normalizada y no necesitan de ayuda o intervención, se deben emplear otro tipo de medidas de control (telemáticos, telefónicos…) que les permita vivir y dormir en su propio domicilio sin necesidad de acudir a la prisión.

Debe constituirse en el ámbito vasco un equipo de investigación y desarrollo de nuevas formas de tratamiento y cumplimiento de penas privativas de libertad y su control, más acordes con los tiempos y posibilidades actuales, sin necesidad de encerrar a las personas, marginarlas y apartarlas de la sociedad.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES PENITENCIARIOS VASCOS

Los trabajadores y trabajadoras de prisiones son personal que presta un servicio público a la sociedad vasca, y como tal deben depender de las instituciones y gobiernos de la CAPV y Navarra. En este caso, bajo la responsabilidad en las Consejerías de Justicia. Manteniendo sus características específicas propias de un servicio que funciona 24 horas al día los 365 dias del año, sus condiciones laborales deben ser homologadas a las de personal que trabaja en la administración general de la CAPV y de Navarra. En ningún caso se les debe aplicar legislación específica que genere situaciones de excepcionalidad, pérdidas de derechos y empeoramiento de las condiciones laborales y peligro de privatizaciones.

La integración de los trabajadores penitenciarios en el conjunto del personal de la Administración Pública Vasca y Navarra, la homologación laboral y la mejora sustancial de las condiciones de trabajo, son un pilar fundamental para la normalización de este personal, la mejora del servicio y un elemento indispensable para prestigiar la función penitenciaria. Por ello,

REIVINDICAMOS:

• La transferencia inmediata de los centros penitenciarios y del personal a Hego Euskal Herria.

• Un sistema penitenciario vasco público y de calidad, evitando cualquier tipo de privatización y subcontratación.

• Dignificación y reconocimiento profesional del servicio que se ofrece.

• Derecho a la negociación colectiva, con salarios y condiciones laborales homologadas a las de las Administraciones de la CAPV y Nafarroa, adaptado a la importancia, dificultad y responsabilidad de las labores que se realizan en la Administración Penitenciaria.

• Sustitución del actual cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por un Cuerpo de Técnicos Superiores Penitenciarios de encuadrado en el grupo B de clasificación, acorde a la cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras.

• Mantenimiento de las condiciones específicas actuales.

• Participación activa de los servicios de empleo y asuntos sociales en los centros penitenciarios, y que el personal transferido de dichos ámbitos sea asumidos por las Administraciones competentes (Servicios de Empleo y Diputaciones Forales).

• Implantación de medidas inmediatas para paliar el enorme envejecimiento de las actuales plantillas. El establecimiento de primas para prejubilaciones y el establecimiento de una jubilación anticipada serían elementos imprescindibles para conseguir rejuvenecer las plantillas,

• Renovación de la formación y creación de una Escuela de Estudios Penitenciarios Vasca y Navarra, para llevar a cabo la formación teórico practica del nuevo personal penitenciario, así como para reciclar y aumentar las capacidades del actual personal.

• Planes específicos y efectivos para el aprendizaje del euskera y medidas para garantizar el derecho a vivir en euskera en las prisiones.