ELA exige que las patronales de enseñanza concertada que cumplan el convenio

Tal y como ELA informó anteriormente, los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada hemos ganado el conflicto colectivo interpuesto contra las patronales por los recortes efectuados en nuestros salarios, hecho que además de incumplir el convenio colectivo viola el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras.

La sentencia es clara, declara la decisión de las patronales de no pagar los salarios íntegros como no ajustada a derecho y la obligación de las mismas a hacer efectivas las retribuciones completas. Dice, además, que la conducta de las patronales lesiona el derecho a la libertad sindical y desvirtúa las facultades negociadoras de los sindicatos.

A pesar de que en el inicio del conflicto las patronales anunciaron que si la justicia no les daba la razón devolverían las cantidades recortadas, parece ser que han cambiado de opinión. Tras conocer la sentencia han anunciado un recurso de casación al Tribunal Supremo con la clara intención de no pagar lo acordado en el Convenio.

No conformes con ello, las patronales y de modo especial Kristau Eskola, están lanzando el mensaje de que el cumplimiento de la sentencia haría inviables de modo generalizado los centros de la enseñanza concertada y acusando a ELA de querer provocar el cierre de centros o proponer el despido de trabajadores/as. A pesar de que semejante falacia cae por su propio peso y nada tiene que ver con la actuación de ELA ni en el pasado, en el presente, ni en el futuro, este sindicato quiere dejar claro que ha sido y seguirá siendo el mejor soporte que tienen los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada para defender sus derechos y condiciones laborales. ELA luchará hasta el final para defender a los trabajadores/as, para exigir las debidas responsabilidades a cada una de las partes y evitar cualquier despido o cierre de centros.

La patronal lanza este mensaje para evitar que el peso de los recortes repercuta en sus arcas y trasladar la carga de los recortes sobre los trabajadores y trabajadoras, quienes a su vez ya padecen en primera persona un considerable deterioro en sus condiciones laborales. La patronal pretende de esta manera controlar unilateralmente el conflicto y tratar de evitar dar información sobre sus cuentas y la situación particular de cada centro.

Precisamente para evitar esta estrategia y para que los trabajadores y trabajadoras tengamos derecho a ejercer nuestro derecho a la acción sindical y la negociación colectiva, ELA interpondrá demandas individuales para forzar el pago de las cantidades detraídas.

Del mismo modo, nos parece inaceptable y denunciamos la lectura y utilización que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco está haciendo de la sentencia. Tal y como denunció ELA en su momento y recurrió ante los tribunales en julio de 2010, la decisión de recortar las retribuciones en el sector público resulta inaceptable teniendo en cuenta que los salarios nada tienen que ver con la crisis y se podrían haber tomado otras medidas para responder a sus verdaderas causas, entre otras aumentar la recaudación fiscal. Además, conviene recordar que la decisión de recortar la financiación en la enseñanza concertada la tomó el Gobierno Vasco sin que en ningún momento le obligara a ello el Real Decreto aprobado en Madrid.

Teniendo en cuenta todo ello, y sin relativizar en ningún momento la responsabilidad de las patronales, ELA exigirá al Gobierno Vasco la responsabilidad que le corresponde en este conflicto, haciéndole responsable subsidiaria en las demandas individuales que presentará.

Por tanto:

-ELA exige que las patronales cumplan el convenio y devuelvan la parte del salario que se les han quitado a los trabajadores/as de la enseñanza concertada.

-ELA exige que, teniendo en cuenta que los salarios y las condiciones laborales nada tienen que ver con la crisis, el Gobierno Vasco de marcha atrás en los recortes efectuados en el sector público y en la enseñanza concertada.

-ELA interpondrá reclamación individual de cantidades contra las patronales que hayan efectuado los recortes y exigirá la responsabilidad subsidiaria al Gobierno Vasco en el pago de las cantidades demandadas.