ELA exige un cambio de la política fiscal
Mikel Noval, responsable de política social de ELA, ha exigido a las Diputaciones Forales “un cambio profundo en su política fiscal”. Para Noval, “es evidente que la presión fiscal en la CAPV es muchísimo más baja que la media europea, es inferior incluso a la española y se ha reducido notablemente en los dos últimos años”. Para ELA existen razones más que suficientes para exigir un aumento de la presión fiscal.
El responsable de ELA ha indicado que “no hablamos de cambios meramente cosméticos, sino que exigimos medidas encaminadas a que la recaudación fiscal se equipare a la media europea. Para ello en la CAPV se deberían ingresar al año 4.000 millones más que los que realmente se obtienen”.
Noval ha recordado que es totalmente necesario este cambio de la fiscalidad, y ha puesto el ejemplo de que si la presión fiscal por los impuestos que recaudan las haciendas hubiese sido en 2009 igual a la de 2007 ni el Gobierno Vasco ni las Diputaciones Forales hubiesen tenido déficit. Por tanto, para ELA es “alucinante que haya quienes niegan el debate y la necesidad de un cambio de la política fiscal. Quienes actúan de esta manera están objetivamente favoreciendo los recortes sociales de los planes de ajuste y protegiendo a quienes no pagan impuestos”.
Noval ha reiterado que “llevamos muchos años denunciando que es necesario luchar contra el fraude fiscal, cosa que no se hace. También nos hemos opuesto a las rebajas del IRPF a las rentas altas y al capital, a la reducción del Impuesto sobre Sociedades y a la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio”. ELA ha denunciado en múltiples ocasiones que ha habido un consenso político entre el PNV, el PSOE y el PP para aplicar esta política neoliberal.
Por último, Noval ha señalado que “es sumamente llamativo que para oponerse a los cambios que el sindicato demanda haya quienes, como Markel Olano, hablen de que debe primar la armonización”. Sin duda este razonamiento debería llevar a que las decisiones sobre los impuestos se tomen en el Parlamento Vasco, y no en las Juntas Generales. Y también deberían hacer reflexionar a quienes han impulsado entes como Gipuzkoa Aurrera para poner las políticas de la Diputación de Gipuzkoa al servicio de los intereses del beneficio empresarial.