ELA, muy crítica con el proceso de regularización de inmigrantes

"No es más que el desarrollo de la Ley de Extranjería del PP"

ELA ha denunciado en rueda de prensa la regularización de inmigrantes que empezó el pasado 7 de febrero por su insuficiencia, indefinición y porque la administración española sigue considerando a estas personas sólo como "mano de obra pura y dura"; el proceso no va a remediar la generalizada explotación que sufren. ELA reivindica, por el contrario, el reconocimiento de todos los derechos para toda persona que trabaje en Euskal Herria, con independencia de su origen.

Al comparecer ante los medios de comunicación, los responsables del área de inmigración y política social del sindicato Alazne Alonso, Mikel Noval y Emérita Cuéllar han denunciado que, a pesar de las grandes expectativas que levantó, el denominado "proceso de normalización de trabajadores extranjeros" no es más que un desarrollo de la Ley de Extranjería del PP, y por tanto sigue sin reconocer verdaderos derechos a miles de personas llegadas de fuera de la Unión Europea, sigue sin resolver las graves agresiones contra los derechos que se derivan de dicha ley, como ha dicho Alazne Alonso.

ELA destaca la insuficiencia del proceso emprendido, "que va a dejar a mucha gente fuera": En hego Euskal Herria puede haber alrededor de 26.000 inmigrantes sin papeles; sin embargo, ha indicado Emérita Cuéllar, en la primera semana en Gipuzkoa y Bizkaia se han tramitadomenos de 150 expedientes; los requisitos van cambiando día a día, y el hecho de lograr un permiso no es la solución definitiva, porque sólo es para un año.

Mikel Noval ha afirmado que esta política de inmigración es consecuencia de las políticas neoliberales de la UE, que propician una explotación laboral generalizada (el 42,5% de las personas inmigrantes está en situación irregular, trabajando por encima de las 40 horas semanales a cambio de salarios inferiores a sus compañeros y compañeras). Además, el Tratado constitucional europeo confirma la privación de derechos laborales y sociales para las personas sin ciudadanía europea, y el empleo de políticas represivas contra la inmigración.