ELA pide a los gobiernos de Gasteiz e Iruña que diseñen un modelo propio oposiciones en la enseñanza con numero de plazas acorde a las necesidades
El Ministerio de Educación ha dado casi por cerrado tanto el modelo como las condiciones para las oposiciones dirigidas a reducir la temporalidad al 8%, las cuales no garantizan la consolidación del personal que lleva años trabajando con contratos temporales. Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, y el peso otorgado a la experiencia docente durante la fase de concurso no garantiza la consolidación. Se tendrán en cuenta como máximo 10 años de trabajo, frente a los 5 años habituales y la puntuación máxima que se puede obtener por la experiencia laboral será de 7 (cuando suele ser de 5). Sin embargo, la puntuación obtenida por cada año trabajado será menor. Aunque con esta propuesta se valora más la antigüedad en las oposiciones, se deja muy en el aire la posibilidad de consolidación de empleo de miles de personas que han sido utilizadas por los gobiernos para ofrecer el servicio educativo en situación de precariedad.
El Ministerio de Educación también ha planteado su intención de modificar los temarios, modificación que entraría en vigor de cara a las oposiciones convocadas a partir del 2020. Para ELA es inaceptable plantear siquiera la posibilidad de modificar los temarios en mitad de un proceso extraordinario cuyo objeto debería ser la consolidación de empleo temporal y así lo ha manifestado.
En la reunión de hoy el Ministerio ha argumentado para defender su planteamiento que ha recibido el respaldo de la mayoría de comunidades autónomas. ELA considera inaceptable que el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra estén entre quienes han respaldado la propuesta, más aún teniendo en cuenta que, del resto de autonomías, solo la han defendido las gobernadas por el PP y la canaria.
ELA ha denunciado con firmeza que tanto el modelo de oposición a seguir en todas las comunidades autónomas, como el número de plazas que se pueden convocar se decida y limite en esta mesa, ya que ponen en peligro las mesas de negociación de enseñanza de la CAPV y Navarra y su capacidad de negociación. Este es un claro ejemplo de la estatalización de la negociación colectiva.
En este sentido, ELA cree que es muy grave que los gobiernos de Gasteiz e Iruña se plieguen a este planteamiento que limita sus competencias educativas. ELA reclama al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra que defiendan sus competencias educativas, con el fin de que cada administración tenga posibilidad de definir un modelo de oposición y un número de plazas adecuado a su situación y necesidades. El hecho de que asuman el modelo establecido por el Gobierno español deja la negociación colectiva a merced de los marcos estatales y supone un menosprecio de la representación decidida por los trabajadores y trabajadoras.
La temporalidad entre el personal funcionario docente de la CAPV es del 38%, y en Navarra del 33%; muchos/chas de ellos/as no han tenido ocasión de consolidar su puesto, y se han visto condenados/as a trabajar durante años con contratos temporales y han sido utilizados/as por los distintos gobiernos. El haber llegado a esta situación es reflejo de una decisión política que apuesta por un modelo de empleo basado en la temporalidad.
ELA cree imprescindible alejarse de ese modelo de empleo y fijar un modelo basado en la estabilidad de las plantillas. Para ello, el sindicato reivindica que se negocien en las mesas de negociación de la CAPV y Nafarroa tanto los procesos de consolidación excepcionales que permitan reducir la temporalidad hasta un 6% como las medidas necesarias para impedir el incremento de la temporalidad en el futuro.
ELA ha denunciado que, a pesar de tener derecho a ser convocado en su calidad de sindicato más representativo, no ha sido citado a las anteriores reuniones; Por lo que el sindicato se ha reservado la posibilidad de impugnar las decisiones de la mesa.