ELA pide que se dejen sin efecto las actuaciones de la Audiencia Nacional contra dirigentes de Batasuna
La ley de partidos y las decisiones judiciales que persiguieron y castigaron la expresión y la participación política, así como cualquier otra actividad de todo un sector de la socie-dad vasca, obedecieron a una concreta es-trategia política, construida al alimón por PP y PSOE, que compendió el llamado pacto antiterrorista. <p>
Bajo el impulso de esta estrategia, se ilega-lizaron formaciones políticas, se cerraron medios de comunicación, se encarceló a militantes sociales y políticos, se quebraron, en definitiva, los derechos y libertades más elementales. Esta cadena represiva tiene un nuevo eslabón con la amenazadora cita-ción de ocho dirigentes políticos ante la Au-diencia Nacional por su participación en una rueda de prensa en la que se valoró el alto el fuego de ETA. <p>
Hay que destacar que hoy, sin la coartada de la urgencia antiterrorista, el carácter de persecución política pura y dura de estas iniciativas aparece en toda su desnudez. ¿Cómo se explica, si no, que en un contex-to como el actual se persiga la actividad pública de dirigentes que han dejado cons-tancia de su compromiso de llevar adelante sus proyectos por medios políticos? <p>
El gobierno español tiene una responsabili-dad incuestionable en estos hechos, ya que ni en su discurso político ni en sus iniciati-vas políticas y legislativas se aprecia volun-tad de abrir una nueva fase en la que se respeten los derechos y libertades de las personas, y se dé lugar al debate político, sin exclusión de agentes ni de contenidos. <p>
Por ello, ELA pide: <p>
* Que se dejen sin efecto las actuacio-nes incoadas por el ejercicio de actividades políticas. <p>
* Que se adopten las iniciativas legislativas y políticas precisas para se deroguen las normas y se desactiven las prácticas repre-sivas de los aparatos del estado. Es hora ya de que el PSOE empiece a desmontar lo que con tanta decisión contribuyó a que se montara.