ELA presenta una reclamación administrativa para denunciar las graves irregularidades de financiación pública en los centros concertados de F.P.

A la hora de determinar cuáles son los gastos de personal docente a financiar en el caso de los centros de Formación Profesional concertados, el Gobierno Vasco tiene en cuenta los conceptos que según la normativa educativa de F.P. en vigor se deben atender o cubrir.

Así, entre los conceptos que según la normativa en vigor deben atenderse y por tanto son financiados por el Gobierno vasco se encuentran las horas para la gestión y seguimiento de las prácticas en empresas (Formación en Centros de Trabajo o FCTs) y las horas para segundos docentes durante las prácticas en el aula o taller (o desdobles).

Las horas de gestión y seguimiento son las horas que se financian para la búsqueda de empresas y el seguimiento de las prácticas que realiza el alumnado en dichas empresas (principalmente para evaluar y comprobar si las empresas cumplen con su cometido y si el alumnado adquiere el conocimiento y la experiencia personal y laboral adecuada);

En cuanto a las segundas, son las horas que se financian para que durante las prácticas en el aula o taller se disponga de un o una segunda docente para dar un servicio adecuado al alumnado, tanto desde el punto de la calidad del servicio (atención personalizada y desarrollo adecuado durante las prácticas) como de la seguridad del alumnado (que las practicas se realicen bajo las adecuadas condiciones de seguridad principalmente para el propio alumnado).

Hace ya más de tres años, los y las delegadas de ELA de los centros concertados de F.P. de iniciativa social detectamos irregularidades en la aplicación de estos conceptos, y llegamos a la conclusión de que a pesar de que la normativa educativa en vigor exige que estos servicios se cubran, y a pesar de recibir financiación pública para ello, los centros no estaban dedicando todas las cantidades económicas recibidas para dar este servicio.

Las consecuencias de estas irregularidades son muy graves:

•     •    Por un lado, porque afectan y perjudican tanto al personal docente que tiene que asumir unas mayores cargas de trabajo, como para el  alumnado que no está recibiendo un servicio adecuado desde el punto de vista de la calidad educativa como de la seguridad (no dotar de un segundo docente durante las prácticas en el taller, supone más carga de trabajo para el docente y menor seguridad y calidad para el alumnado).
      •    Por otro porque, se están dejando de destinar unas cantidades de dinero público a los fines para los que se deberían destinar.

En mayo de 2016, ELA puso en conocimiento de estas graves irregularidades tanto a las patronales de los centros de FP concertados, como al Departamento de Educación del Gobierno vasco. La respuesta de la patronal fue que estaban cumpliendo con la normativa y no mostraron ninguna intención de corregir estas irregularidades.

En cuanto al Departamento de Educación, tras dar largas al asunto, allá por el año 2017 decidió realizar un estudio a través de la Inspección de Educación.

Por ello, el curso pasado ( 2017-2018), Inspección de educación acudió a 16 centros de FP concertados de Iniciativa Social (pequeños y grandes, de diferentes provincias y patronales), y emitió un informe de fecha 23 de julio de 2018 que entregó al Departamento de educación del GV. Ante nuestra petición de recibir el informe, el Departamento se negó a entregárnoslo, alegando que la Ley de Protección de datos no lo permite, aunque sí tuvimos la ocasión de verlo y estudiarlo.

El informe, a pesar de tener graves carencias (p.ej. que toma en consideración criterios de enseñanza pública en vez de criterios de financiación de la enseñanza concertada; o que durante la actuación inspectora, únicamente ha acudido a las direcciones de los centros, es decir, a los centros objeto de investigación, para obtener información, sin siquiera preguntar al alumnado o a los representantes de las trabajadoras y trabajadores al respecto), confirma la existencia de las graves irregularidades denunciadas por el sindicato.  

En base a los datos recogidos en el informe sobre estos 16 centros de FP y según nuestros cálculos, se podrían haber dejado de destinar unos 3,5 millones de euros cada curso para FCTs y desdobles. Un desvío de dinero público y de cuotas de familias que no sabemos a dónde se ha desviado, pero que dicho informe sí certifica que no se ha dedicado al seguimiento de las prácticas del alumnado y al desdoble de aulas en las asignaturas prácticas que por motivos de seguridad así lo requieren.

ELA denuncia que a pesar del informe de la inspección y de la insistencia de ELA a la patronal y al Departamento para que pongan fin a estas irregularidades, la patronal se niega a reconocer las mismas y el Departamento no hace nada para corregir dichas irregularidades y controlar la financiación de los centros.

Por ello, desde ELA hemos decidido dar un paso más y presentar una reclamación administrativa formal ante el Gobierno Vasco, denunciando nuevamente las irregularidades detectadas, e instándole a que tome de manera inmediata las medidas oportunas para corregirlas y que cubra adecuadamente las prácticas o formación en centros de trabajo y los desdobles durante las practicas en el aula o taller.