ELA reitera en el Parlamento Vasco la exigencia de las 35 horas en el sector público vasco
En la comisión parlamentaria ELA ha manifestado la necesidad de poder decidir en nuestro país la organización de nuestros servicios públicos, así como el derecho a la negociación colectiva en nuestro ámbito.
También ha manifestado que la implantación de las 35 horas en el sector público se logró tras el acuerdo de Mesa General del año 2.000 como consecuencia del éxito de la huelga general convocada por la mayoría sindical que exigía tomar dicha medida. Huelga general que fue un hito para nuestro país y que lleno las calles de nuestros pueblos y ciudades para exigir el reparto del empleo, otra distribución de la riqueza y acabar con la pobreza.
El responsable de ELA ha explicado que la sentencia del Tribunal Supremo es consecuencia de la decisión del Abogado del Estado de recurrir el Decreto de las 35 horas del Gobierno vasco dictado en el año 2016. También ha manifestado que esa decisión suponía un nuevo y grave ataque al autogobierno vasco y una muestra más de la agenda involutiva social contra el autogobierno por parte del Estado. Como ya manifestamos entonces, esa decisión era una muestra más de los límites de la bilateralidad. ¿Qué queda de ella cuando ni siquiera podemos decidir la jornada de nuestros/as empleados/as públicos? Las administraciones vascas se convierten así en meras sucursales que aplican las decisiones adoptadas en Madrid.
Ya manifestamos que las iniciativas jurídicas eran insuficientes y de nulo recorrido, tal como se ha demostrado una vez más. Por ello, ELA exige al Gobierno de Urkullu que se comprometa a mantener las 35 horas.
En la comparecencia el representante de ELA ha exigido la capacidad de decidir la organización de nuestros servicios públicos (número de médicos, docentes…) para ponerlos al servicio de la sociedad vasca.
ELA peleará, tal como ha hecho hasta ahora, por el mantenimiento de las 35 horas en todo el sector público vasco, como medida para la defensa del empleo, la mejora de la calidad del servicio público y las condiciones de vida de sus trabajadores/as.