ELA y la asociación de familiares Babestu solicitan una reunió urgente al Ararteko para abordar un cambio en el modelo de las residencias
ELA y la Asociación de familiares Babestu solicitan una reunión con el Ararteko para abordar la grave situación de salud pública existente en las residencias de mayores de la CAPV. ELA recuerda que, ya en enero del 2019, denunció ante este órgano la necesidad de mejorar la ratio de atención en las residencias mediante su campaña `Acompañame al menos 2 horas´. Entonces, como ahora, subrayó la urgente necesidad de llevar a cabo una transformación íntegra del modelo de atención. En febrero del mismo año solicitó, en esta ocasión junto a Babestu, una nueva reunión que aún no se ha tenido lugar. Así mismo, ELA recuerda que fue el propio Ararteko quien, el pasado 24 de abril de 2020, en declaraciones a los medios de comunicación dejó constancia de la necesidad de repensar el sistema de cuidados, una reivindicación que el sindicato lleva años proclamando. En dichas declaraciones, el Ararteko afirmaba que “esta crisis ha puesto de manifiesto que hay que repensar el modelo de residencias que tenemos. Creo que se debe incidir en la prevalencia del carácter de servicio público que tiene el cuidado a los mayores...”.
Al igual que en anteriores ocasiones, ELA vuelve a reinvindicar la esencialidad del servicio de los cuidados, al tiempo que denuncia su bajo reconocimiento social y económico, la carencia en materias de salud laboral, sin ningún control público eficaz y, en su mayoría, sectores subcontratados y mayoritariamente compuestos por mujeres. Añade que la situación de emergencia ha hecho aflorar de forma notable los trabajos y servicios que son esenciales para la vida: los cuidados, la sanidad, limpieza...
Así las cosas, el sindicato considera que es evidente la necesidad de un cambio de modelo, la falta de personal estructural, las medidas organizativas, protocolarias, digitales, de salud laboral implementadas en muchas residencias que a todas luces son insuficientes y nos preocupa sobremanera que las empresas y Diputaciones sólo actúen antes procesos judiciales y cuando ven peligrar su negocio.