ELA y LAB suspenden su participación en el Consejo de Administración de Lanbide

Hoy, 14 de Enero de 2011, los sindicatos ELA y LAB, tal y como fija el Decreto publicado en el BOPV el 31 de diciembre de 2010, por el que se regula el inicio de actividades de Lanbide, hemos designado 2 y 1 vocales, respectivamente, en el Consejo de Administración de Lanbide.

Una vez realizados estos nombramientos, las dos organizaciones comunicamos que dichos vocales van a mantener suspendida su participación en dicho Consejo. Las razones en las que basamos esta decisión son:

1. Durante todo el proceso de creación de Lanbide el Gobierno Vasco se ha negado a mantener cualquier contacto con ELA y LAB, a pesar de que ostentamos el 56% de la representación de los trabajadores y trabajadoras vascas. El Gobierno, de manera acordada con Confebask y CCOO y UGT (con una representación sindical conjunta del 33%) ha realizado el diseño de Lanbide excluyendo a la mayoría sindical vasca. 

2. El Gobierno, además, ha decidido no informar ni hacer partícipe a la mayoría sindical de sus decisiones sobre el Empleo, justificándolo en la no presencia de ELA y LAB en la Mesa de Diálogo Social, y ha señalado que el diseño de Lanbide es fruto de dicha Mesa. Tenemos la certeza –así lo ha manifestado el propio Gobierno- de que Lanbide va a estar supeditado a la ejecución de planes, programas o actuaciones decididas en esa Mesa de Diálogo Social.

3. El sistema de funcionamiento recogido en el decreto de Estatutos de Lanbide no incorpora la toma de decisiones por mayoría de cada parte (la sindical, la patronal y la institucional). ELA y LAB entendemos que en los organismos de participación institucional las decisiones deben tomarse por la mayoría de cada parte, para que dichas decisiones sean fruto de un consenso real entre los distintos grupos representados.

4. No aceptamos la naturaleza jurídica de Lanbide, que se ha constituido como un Ente Público de Derecho Privado, y no como Organismo Autónomo. Como dijimos en su momento, esta figura jurídica reduce la capacidad de control público y permite que la contratación de personal se haga de manera menos transparente. La transparencia y control en la subcontratación y adjudicación de los diferentes programas de empleo y formación también sale perjudicada en esta opción. Este aspecto es aún más grave al haberse convertido los ámbitos del empleo y la formación en una fuente de financiación de las organizaciones que participan en la Mesa del Diálogo Social.

5. La falta de competencias anula las posibilidades de actuación de Lanbide a la hora de llevar a cabo una política de empleo propia. Las decisiones sobre las políticas de empleo se tomarán en otros ámbitos. En este sentido cabe recordar que la transferencia de las denominadas políticas de empleo realizada a la CAPV deja en manos del gobierno español las decisiones sobre dichas políticas. Además, según los Estatutos de Lanbide, las escasas competencias atribuidas a la CAPV quedan en manos del Gobierno Vasco, siendo Lanbide un mero instrumento sin capacidad de incidencia real. Participar en el Consejo supone dar a esta situación una imagen de normalidad y realizar una labor de acompañamiento a las actuaciones que en materia de empleo acuerden el gobierno y la patronal. 

6. La política de recorte del gasto público del Gobierno Vasco está teniendo graves consecuencias en el empleo, tanto en el sector público como en el privado. Los empresarios, por su parte, priman la maximización del beneficio, destruyendo empleo y extendiendo la precariedad. No existe voluntad política para realizar políticas reales de pleno empleo ni de atajar la precariedad. Todas estas cuestiones van a estar al margen de las actuaciones de Lanbide. 

7. Por último, ELA y LAB no podemos dejar pasar por alto el hecho de que los estatutos de Lanbide abren la puerta a que este organismo se utilice para recortar los derechos de las personas que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Lanbide estará obligado a aplicar la política que decida el Gobierno Vasco en esta materia, a la hora de recortar las prestaciones económicas a quienes perciben la Renta de Garantía de Ingresos. Además de denunciar esta política, queremos llamar la atención sobre la paradoja de que el Gobierno Vasco no haya tenido ningún problema en aceptar que las prestaciones por desempleo queden fuera de las competencias transferidas y, a la vez, se quiera gestionar la RGI desde los servicios de empleo con una planteamiento claramente restrictivo y de recorte del gasto social. 

En definitiva, Lanbide se ha concebido para dar cobertura a la política del gobierno, para continuar aplicando en nuestro país la misma política que se realiza en el Estado en materia de empleo y formación (responsable también de los mayores niveles de paro de la Unión Europea y de la mala calidad de la formación) y para que no se discuta nada que vaya en contra de los intereses de la patronal. La vulneración de la reglas de juego democrático en la toma de decisiones no es si no un requisito compartido por quienes participan en la Mesa de Diálogo Social para dar cobertura a la política del Gobierno Vasco y a los intereses de la patronal.