La política del Gobierno Vasco en materia económica y social pura propaganda
Las medidas que ha anunciado el Gobierno Vasco tienen que ver con reducciones presupuestarias. Algo que para ELA es completamente inaceptable, máxime en una coyuntura de recesión como la que vivimos. Esas reducciones van a tener un reflejo negativo en el, ya de por sí, mermado gasto social. Resulta evidente que los límites de la política social y económica del PSE-EE, también en esos temas, vienen de la mano de su pacto con el PP.
El Gobierno del PSE-EE, por ejemplo, ha anunciado que no contempla dar marcha atrás a ninguna de las reformas fiscales regresivas realizadas en los últimos años y que han beneficiado a las rentas altas y empresariales. Sobre este tema solo vemos continuidad; o lo que es lo mismo, dar por válidas todas esas reformas. Las apelaciones realizadas por el Lehendakari al “logro” de poner en marcha las mesas de “diálogo social” contrastan con esta realidad: el Gobierno renuncia a proponer reformas fiscales más progresistas y, por supuesto, la fiscalidad es un tema que queda excluido del debate sindical y social. Una prueba fehaciente de que en los temas de política real, son los intereses de la patronal los que mandan.
En relación a la precariedad consolidada en el mercado de trabajo el Gobierno no ha planteado nada, escudándose en unas mesas de “diálogo” de las que conoce su resultado. Si se tiene en cuenta las competencias muy limitadas en materia laboral de la CAV y el fracaso –de momento- del “diálogo social” en el Estado, lo único razonable que se puede esperar de esas mesas son subvenciones y bonificaciones para las empresas y financiación indirecta para las organizaciones que den legitimidad a esa farsa.
ELA, una vez más, quiere llamar la atención sobre el fracaso de las reformas laborales. La alta temporalidad ha sido, en todas las reformas, la excusa para destruir derechos y, muy al contrario de lo anunciado por quienes las apoyaron, la temporalidad no se redujo. La patronal por el contrario ha obtenido, reforma a reforma, una contratación precaria a su medida en la que, cuando quiere, realiza contratos fraudulentos a sabiendas de que no será sancionada.
La dramática paradoja en la actualidad es que la temporalidad se reduce para pasar directamente al desempleo. Pues bien, muchos de esos temporales que van al desempleo lo hacen con muchos menos derechos de los que les habrían correspondido si simplemente se hubiese obligado a la patronal a cumplir la ley.
En esta coyuntura, resulta inaceptable que la Administración se niegue a hacer aquello que sí está en su mano: forzar a las empresas para que no contraten fraudulentamente. Una competencia que sí tiene el Gobierno y que sistemáticamente se ha negado a desarrollar para no enfrentarse con la patronal.
Sólo desde esa comodidad, de quien se sabe protegido por el poder político, se puede entender la arrogancia de la patronal para pasar al ataque exigiendo reducciones salariales y rebajas en las partidas de gasto social. Una osadía propia de quien sabe que los Gobiernos no van a hacer nada en contra de sus intereses.