La Diputación de Gipuzkoa bloquea un principio de acuerdo con las patronales en el conflicto de las residencias de Gipuzkoa

El sector de la dependencia es un ámbito de negocio muy “floreciente y muy rentable” en donde empresarios muy importantes del Estado español y vasco con buenos contactos en la política que antes hacían negocio en el “ladrillo”, hoy hacen negocio en este sector.

Un negocio que, además de muy rentable, es más seguro. Los clientes potenciales somos la propia sociedad. Un dato: un tercio de la sociedad vasca tendrá más de 65 años en el año 2029. La cartera de clientes te la proporciona y la gestiona la propia institución pública y a partir de ahí, unos ratios del siglo pasado y unas condiciones laborales de miseria hacen el resto. La ecuación es muy sencilla: financiación pública (más del 90% camas concertadas) + condiciones de miseria + ratios legales bajos = negocio seguro.

Pero para que el negocio siga siendo tan rentable como hasta ahora, este trabajo lo tienen que seguir realizando las mujeres, en condiciones laborales precarias y discriminatorias.

Sabemos que lo que estamos denunciando es muy grave pero lo ocurrido en los últimos años en este sector y la actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en estas últimas semanas nos lleva a esta dura conclusión.

En Gipuzkoa, a fecha de hoy, no existe un convenio provincial del sector de residencias porque la patronal, con la connivencia absoluta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, dinamitó el convenio provincial allá por el año 2009, y apostó por el Convenio Estatal de residencias, un salario neto de 800 euros trabajando mañana, tarde y noche los 365 días. Solo las jornadas de huelgas y la pelea en todas y cada una de las residencias de Gipuzkoa y un cambio en los rectores de la Diputación supuso dejar fuera el convenio estatal y dar pasos en la dignificación del sector.

¿Pero desde el año 2017 hasta aquí, que? Ningún avance y un retroceso más que evidente.

Tras dos años de parálisis total en la negociación de la que han sido cómplices las patronales y la Diputación, las trabajadoras del sector, hartas de la situación, comenzaron las movilizaciones que han ido subiendo en intensidad hasta la fecha. Ya se han llevado a cabo 16 días de huelga y hay convocados 19 días más desde el próximo día 20 de febrero.

Ante las jornadas de huelga, la dirección de dos patronales del sector, que suman más del 50% de representación, y a petición de la propia DFG, se pusieron en contacto con ELA para estudiar la posibilidad de avanzar en el conflicto.

Tras diferentes contactos y reuniones se llego a un principio de acuerdo que traía para el sector y las trabajadoras del sector los siguientes avances:

• La recuperación del Convenio provincial muerto desde el año 2010 y la renovación de los convenios de empresa.
• Que las trabajadoras del sector tuvieran de base jornadas completas y contrato indefinido.
• Dar pasos cuantitativos y cualitativos, con subidas salariales muy por encima del IPC, para acabar con la brecha salarial.
• Mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar.
• Mejoras muy importantes en los pluses de festivos, fines de semana.
• Mejora en las cargas de trabajo, descansos etc.

Posteriormente ambas partes fuimos a hablar con los rectores de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el principio de acuerdo. Cuando ambas partes pensábamos que habíamos realizado el trabajo más complicado, nos encontramos con una DFG que utiliza todos sus instrumentos a su alcance para dinamitar el principio de acuerdo alcanzado, aduciendo para ello el elevado coste del acuerdo alcanzado.

Y ante esto nos preguntamos; ¿Una Diputación Foral de Gipuzkoa que logra una recaudación récord, gracias a la aportación de los y las trabajadoras gipuzkoanas, no puede destinar una partida presupuestaria para dignificar el sector? ¿Acaso no es importante que los últimos meses de vida de nuestros familiares, nuestros mayores, sean de calidad y cuidados por trabajadoras que estén en condiciones de trabajo dignas?

Todo esto nos da a entender que entre los intereses de la Diputación, de su Diputada de Política Social, Maite Peña y de su Diputado General Markel Olano, no está solucionar el conflicto, sino perpetuarlo. Su apuesta es clara: no a la mejora de los sectores feminizados; no a acabar con las brechas salariales; no a dignificar y dotar de calidad al sector de los cuidados; sí a la precariedad de las mujeres trabajadoras que dedican su trabajo a los cuidados.

Es un escándalo lo que está sucediendo y es por ello que hoy ELA quiere denunciarlo alto y claro. Es la Diputación de Gipuzkoa la que dice no a un acuerdo que dota de estabilidad al sector, que mejora las condiciones de vida de nuestros familiares y mejora las condiciones laborales de las trabajadoras. Es la DFG la única y última responsable de esta situación de bloqueo.

Basta de propaganda barata, de mensajes pre-electorales, de abrir centros donde no estará garantizada una vida digna, donde no habrá personas que quieran trabajar en los mismos.

La solución está en poner en el centro de las prioridades de la sociedad Gipuzkoana la igualdad, los cuidados, la vida y no Metros, Anoetas, hoteles, TAVs y demás.

Las trabajadoras de ELA vamos a seguir luchando hasta el final, con todas las consecuencias.

Hay dinero, hay mimbres para hacer un convenio que mejore la calidad del servicio y las condiciones laborales.

La Diputación de Gipuzkoa debe de saber que no puede secuestrar el dinero de los y las Gipuzkoanas y no dar respuesta al clamor que exige justicia, igualdad y aportar por la vida en un sector donde trabajan más de 5.000 trabajadoras tan importante como este.