RESIDENCIAS DE GIPUZKOA

La Diputación de Gipuzkoa sigue desmantelando el sector de residencias y precarizando las condiciones laborales

07/06/2023
Más del 45% de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa tiene contratos parciales. En los últimos años este dato va en aumento. Esto tiene una serie de consecuencias, entre las que se encuentra el hecho de estar por debajo de los salarios del convenio y ser más vulnerables ante la empresa. De hecho, estas trabajadoras a tiempo parcial dependen de las horas complementarias que las empresas les asignen para mejorar su salario, a la espera de una llamada telefónica.

La Diputación ensalzó y validó el acuerdo suscrito en julio de 2022 por las patronales Adegi, Lares y Gara, con UGT (8%), sabiendo que este convenio no garantizaba el poder adquisitivo de las trabajadoras durante su vigencia. La brecha salarial, en el caso de las gerocultoras respecto a sectores subcontratados donde los hombres son mayoritarios, supera los 5.000 euros anuales. Además, la firma minoritaria del convenio, además de ser antidemocrática, supone una enorme inseguridad jurídica. ¿Qué convenio van a aplicar a una nueva trabajadora de la residencia que han abierto en Intxaurrondo? 

Se trata de medidas decididas en el marco del proceso de desmantelamiento del sector de residencias, principal elemento del sistema profesional de los cuidados.

Casi el 70% de las trabajadoras pertenecen a empresas privadas y con ánimo de lucro, que cada año tienen beneficios a cuenta del dinero público. En las 16 residencias gestionadas por el Organismo Foral Kabia, la mayoría de las trabajadoras están en manos de empresas privadas y se ha procedido a que en las nuevas adjudicaciones, dividiendo los lotes por categorías de personal, haya cada vez más subcontratas.

Pero esto no es nuevo, la única residencia gestionada directamente por la Diputación de Gipuzkoa, Egogain de Eibar, se ha convertido en un laboratorio para posteriormente extender el modelo a otros centros de Kabia: De las 175 trabajadoras, 61 pertenecen a la Diputación y el resto están distribuidos en 5 subcontratas, con un total de 6 convenios colectivos diferentes. Entre las empleadas públicas y privadas que realizan el mismo trabajo, además de la brecha salarial hay brechas de contratos laborales, jornadas, calendarios, etc. En este centro, ELA ha interpuesto más de 100 demandas judiciales, la mayoría por problemas en el pago de los salarios. 

Todo ello repercute directamente en la calidad de la atención prestada en las residencias. ELA insta al Gobierno Foral de inminente constitución a:

-Apostar por la publificación del sector residencial y del sistema de cuidados en general, favoreciendo, mientras tanto, acuerdos que eliminen la brecha de género. 

-Apostar por un servicio con más personal y aumentar significativamente los ratios. 

ELA quiere realizar sus aportaciones y llama a todas las trabajadoras a organizarse y movilizarse para luchar contra la precariedad en sus centros de trabajo.