La prohibición de Sortu es una grave decisión política

ELA denuncia el cinismo mostrado por el gobierno español para evitar la confrontación con los sectores sociales, políticos y mediáticos de la ultraderecha. Así –vía fiscalía y abogacía del estado– ha trasladado a los tribunales una decisión que debía haberse tomado en el Registro de partidos del Ministerio de Interior.

Que el ponente de la Sala haya ocupado dos direcciones en el gobierno de Aznar es, además, una muestra más del carácter singular del sistema judicial español, contaminado por el bipartidismo.

El proceso ha dejado en evidencia la primacía de los argumentos policiales y la campaña mediática orquestada en contra de la inscripción de Sortu sobre los elementos probatorios. Y el tribunal asume como propio lo peor de esa campaña, que ha consistido en trasladar a la opinión pública que no es suficiente con cumplir las condiciones que el propio estado establecía como necesarias y suficientes para legalizar una sigla.

Como expresaba recientemente la mayoría sindical vasca, la legalización de Sortu “es un derecho y un deber democrático para con la parte de la sociedad vasca privada de expresión política” de tal manera que esa parte de la sociedad “debe reincorporarse, sin más dilación, a la vida política e institucional”.

Por todo ello, ELA insta al Estado español a que proceda, sin más dilación, a la legalización de Sortu.