Las deficiencias del acuerdo firmado en abril de 2018 quedan en evidencia en la mesa de Educación Especial
La eventualidad, que aumenta año tras año, es ya de un 65% en Educación Especial (100% entre intérpretes y 82% en terapeutas laborales), mientras que en el colectivo de laborales alcanza el 30%. Alrededor de 340 plazas no figuran en la relación de puestos de trabajo; se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 12% (29.000 euros de pérdida acumulada); las educadoras cobran un 20% menos (6.120 euros), y no tienen el mismo derecho a la cobranza de verano, lo que provoca una importante brecha salarial; las cargas de trabajo han aumentado; los criterios para definir las necesidades educativas especiales se han endurecido, etc.
Tal como ELA ha denunciado ya en dos ocasiones, el Gobierno Vasco ha aprovechado el pretexto de la crisis para descapitalizar los servicios públicos, en general, y la educación pública, en concreto; esto ha tenido un fuerte impacto en este colectivo. Aunque generamos más riqueza que antes de la crisis, la inversión pública en educación se ha ido reduciendo de manera constante, por ejemplo en beneficio del pago de la deuda. Por tanto, la opción política de este gobierno queda clara: derivar dinero de los centros educativos a la banca, dando lugar a un reparto de la riqueza cada vez más injusto.
La constante preocupación de ELA en los últimos años ha sido organizar a las trabajadoras y trabajadores y activar la movilización, porque está claro que esa es la única vía que obligará al Gobierno Vasco a moverse y permitirá obtener un nuevo convenio que haga frente a los recortes y la precariedad. Lo conseguimos hace dos cursos; junto con LAB y STEILAS llevamos a cabo huelgas y movilizaciones con un amplio seguimiento en los diferentes sectores de la educación pública. Sin embargo, cuando la movilización estaba en su apogeo y habíamos empezado a lograr que la administración se moviese, LAB, STEILAS, CCOO Y UGT firmaron con el Gobierno un acuerdo que implicó la desmovilización y no respondía a los problemas y reivindicaciones del sector; se perdió una oportunidad histórica. ELA fue el único sindicato que trató de seguir con las huelgas y movilizaciones.
Ya desde el inicio de este curso quedó claro que los problemas seguían ahí y que, sobre todo, en la medida en que no hay huelgas y movilizaciones, el Gobierno Vasco hace lo que quiere. Aunque se dijo que el acuerdo de abril de 2018 constituía la base para un nuevo convenio, que se negociaría antes de que concluyese la presente legislatura, en el año que ha transcurrido no se ha dado ninguna negociación.
Esta semana, en la segunda mesa negociadora de todo el curso, Educación trajo para su firma la propuesta para incorporar en el convenio de 2003 el acuerdo firmado hace un año. Una vez más ha quedado en evidencia que la administración no tiene ninguna voluntad de negociar un convenio nuevo, y que el acuerdo no era un suelo o base, sino un tope. El acuerdo fue una maniobra del Gobierno, respaldado por los demás sindicatos, para no emprender la negociación de un nuevo convenio y eludir los temas fundamentales. No obstante, hoy la jugada no le ha salido tan bien porque, gracias al rechazo de ELA y STEILAS, no han conseguido que se firmara esa modificación del convenio.
ELA siempre ha defendido que la única forma de hacer frente a los recortes y a la precariedad y lograr un nuevo convenio son la huelga y la movilización; por ello, seguirá insistiendo en ella. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a organizarse y a luchar, y a los demás sindicatos, a que recorran ese camino con nosotras.