Las Diputaciones y las residencias sólo han dado pasos reales para garantizar la salud al ver peligrar su modelo de negocio
ELA ha demostrado que las Diputaciones y las empresas concesionarias de las residencias sólo han dado pasos reales para garantizar la salud al ver peligrar su modelo de negocio, ya que las consecuencias jurídicas de las demandas presentadas por este sindicato podían ser demoledoras. Por ello, ha sido la labor sindical y jurídica de ELA la que ha logrado la aplicación de medidas de seguridad y la reducción de víctimas del Covid-19, ante la inacción inicial de instituciones y empresas.
El 18 de marzo, cuando todavía no se había detectado ningún caso de positivo en la residencias de Gipuzkoa, ELA pidió por escrito al Ministerio de Sanidad del Estado, al Gobierno Vasco y al Navarro, y a las tres Diputaciones Forales, que para no propagar la extensión del virus, en un ámbito de riesgo máximo como las residencias, que se aplicaran todas las medidas de protección y prevención para garantizar la salud y seguridad de las trabajadoras. En esa misiva ELA ya anunciaba que si no se implementaban esas medidas estudiarías acciones legales oportunas para garantizar las mismas.
Esos mismos días ELA presentó a la persona propuesta por el Lehendakari Urkullu como interlocutor su lectura de la situación, tanto de forma verbal como por escrito. ELA explicó las graves carencias existentes y la necesidad de tomar medidas urgentes. Estas peticiones fueron reiteradas en el tiempo durante el mes de marzo.
A mediados de marzo, las delegadas de ELA presentaron de manera masiva un primer escrito pidiendo a las direcciones de las residencias que con carácter urgente adoptaran medidas preventivas para garantizar la salud y seguridad. A este primer escrito le han seguido otros, reiterando hasta en tres ocasiones e insistiendo una y otra vez en la necesidad de tomar medidas para garantizar la salud y seguridad, y con ello la de las personas mayores.
Casi un mes después, el 11 de abril, ante la censura informativa impuesta por las instituciones de los datos de contagio de los profesionales, ELA público algunos datos de su estudio interno. En el estudio se decía que la situación en las residencias no podía ser más grave. A los datos de residentes muertos y contagiados había que sumar que en el 80% de las residencias estudiadas existían graves carencias en materia de salud laboral, que al 70% de las trabajadoras no se les había realizado el test, y que solo en un tercio de las residencias se habían realizado las desinfecciones generales. Para entonces eran ya centenares las trabajadoras contagiadas y en situación de baja por el Covid-19, algunas de ellas ingresadas en centros hospitalarios con graves problemas de salud.
Esta denuncia pública, así como la determinación de las y los representantes de ELA a la hora de presentar demandas de tutela de derecho a la salud, a la vida y a la seguridad de las trabajadoras en una decena de residencias de la CAPV, ha sido el detonante para que las empresas y las Diputaciones, en cumplimiento de las medidas cautelarísimas solicitadas por ELA e impuestas por los juzgados comiencen a adoptar las medidas necesarias.
En el plazo de una semana y en virtud de las posibles consecuencias que esas denuncias podían acarrear ante los juicios previstos y la posibilidad de nuevas demandas, tanto las empresas como las instituciones han comenzado a realizar de manera generalizada los test, se han realizado desinfecciones generales y se ha dotado a las trabajadoras de EPIS medianamente garantistas.
Dicho esto, la falta de personal sigue siendo estructural en muchas residencias, las medidas implementadas son a todas luces insuficientes y nos preocupa sobremanera que tras finalizar los procesos judiciales las empresas vuelvan a bajar la guardia en garantizar la salud de las trabajadoras. Por ello ELA seguirá con su labor sindical y jurídica para garantizar la salud y seguridad de las trabajadoras.