Multinacionales que gestionan residencias concertadas en la CAPV discriminan sin prima a trabajadoras contagiadas por la COVID-19

09/07/2020
ELA exige una explicación de manera urgente a las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa por dar cobertura a estas actuaciones con dinero público. Para ELA es “lamentable” que las tres Diputaciones bloqueen de manera activa la mejora de las condiciones de trabajo del colectivo y den cobertura a actuaciones “absolutamente mercantilistas y miserables de estas multinacionales”. En Bizkaia hicieron falta más de 360 días de huelga para lograr el convenio. “En Gipuzkoa las trabajadoras llevaban más de 260 días de huelga sufriendo el ninguneo y el bloqueo sistemático por parte de los rectores de la Diputación, hasta que la suspendieron por la emergencia sanitaria, y en Araba, donde se aplica el Convenio Estatal, las trabajadoras tienen un salario inferior a mil euros”, recuerdan.

En las últimas semanas multinacionales como Sanitas o DomusVi, con una importante implantación en las residencias de la tercera edad del País vasco - DomusVi gestiona 9 residencias, entre ellas Arandia, Ribera y Miraflores en Bizkaia, Berra y Villa Sacramento en Gipuzkoa o Ariznabarra en Araba; Sanitas gestiona la residencia Loramendi y Sanitas Barakaldo-, han tomado la decisión de incentivar a una parte de su plantilla con unas primas de bonus extraordinario por COVID-19.

En el caso de DomusVi, en el escrito dirigido al personal se manifiesta que el presidente de la compañía va a proceder a abonar un bonus extraordinario por COVID-19 en reconocimiento a la labor realizada al personal en estas complicadas situaciones, para posteriormente señalar que solo se pagará ese bonus a las trabajadoras que hayan realizado el 80% de la jornada ordinaria desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.

ELA denuncia el proceder de estas multinacionales que, con dinero público, premian  a una parte de la plantilla y excluyen a decenas de trabajadoras, entre ellas, las que se han contagiado de COVID-19 realizando su labor en condiciones “inhumanas, de absoluta desprotección”. Adelanta que estudiará si judicialmente esta actuación es conforme a derecho. 

Así las cosas, ELA pregunta directamente a las tres Diputaciones si son conocedoras de estas prácticas empresariales, y si son parte del modelo de gestión público-privada que tanto defienden. El sindicato exige que de manera urgente den una explicación sobre estas actuaciones. “Deben aclarar si defienden que residencias concertadas den un “Bonus COVID-19” a unas trabajadoras y no a otras con dinero de todos los y las contribuyentes”.

Para ELA la actuación de estas multinacionales y la cobertura que tienen por parte de las instituciones evidencian, una vez más, la imperiosa necesidad de cambiar el actual modelo de residencias y publificar el sistema.