Nuevo recorte de derechos de salud
El pasado viernes 26 de noviembre entró en vigor la Resolución de 15 de noviembre de 2010, publicada en el BOE de 22 de noviembre, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM) asumirán competencias en relación con la gestión de la prestación por incapacidad temporal. Esta Resolución viene a desarrollar una de las graves medidas contempladas en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Una medida que tendrá graves e importantes consecuencias para la clase trabajadora y la población, que ha pasado inadvertida por el interés de algunos, y que se ha realizado mediante una disposición adicional.
A partir de ahora en la incapacidad temporal (baja) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral), desde el principio de la baja hasta el día 365 (a partir de ese día sólo el INSS tiene capacidad sobre la baja), los médicos del INSS y del ISM van a tener las mismas competencias que los inspectores médicos de los departamentos de sanidad.
Y no sólo eso, sino que además el INSS se arroga el derecho a ser el único que dé la baja por recaída por la misma o similar patología, es decir, en los siguientes 180 días a la fecha del alta emitida por el INSS, sólo el propio INSS (o ISM) puede dar una baja por la misma o similar patología; esto es, no tendremos que ir al médico del sistema sanitario público, sino al INSS.
Así, cuando se decida una alta o denegación de baja, tan sólo se podrá acudir a la vía judicial.
En otras palabras, a pesar de que el médico de cabecera (atención primaria, de familia) nos dé la baja por considerar que es necesaria para nuestra recuperación, un médico del INSS, sujeto más a criterios económicos que médicos, podrá decidir darnos el alta, y ese parte de alta será efectivo a todos los efectos desde el día siguiente, sin que la inspección sanitaria de los departamentos de Sanidad de los gobiernos de Iruñea o Gasteiz puedan hacer nada al respecto.
Hasta ahora, el INSS tenía la capacidad plena sobra la baja dada por un facultativo del servicio público de salud, a partir de los 12 meses.
CONSECUENCIAS
· RECORTE DE DERECHOS EN SALUD
Estamos ante un nuevo recorte en los derechos de la clase trabajadora en particular y de la población en general.
Una vez más, el Gobierno español confirma su voluntad de acaparar cada vez más competencias en materia de IT, en detrimento de las competencias de los Servicios Públicos de Salud, propugnando un control exclusivamente económico de la prestación y olvidando por completo que la IT es una prestación sanitaria más, necesaria, junto a la médica y la farmacéutica
Cuando a un trabajador se le da la baja es porque en su puesto de trabajo desempeña unas tareas y funciones incompatibles y perjudiciales con la dolencia o patología que sufre, o porque aquellas pueden actuar como impedimento, agravarla, etc. No siempre la baja es necesaria, ni es la mejor opción, ni está justificada, pero en cualquier caso, el profesional que prescribe la baja y quien conoce el estado de salud y la evolución es quien debería tener la capacidad de decidir al respecto.
· RECORTES DE GASTO PÚBLICO Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Esta es otra de las consecuencias de las políticas de contención del gasto público que el Gobierno de Zapatero ha puesto en marcha. El Gobierno español regala -o como “sarcásticamente” ellos dicen, “inyecta”- dinero público a la banca, perdona impuestos a la patronal y después aparece con el mensaje de que hay mucho déficit público, mucha deuda pública acumulada y con que no hay más remedio que recortar el gasto público, es decir, reducir servicios públicos, reducir las prestaciones sociales, endurecer las condiciones para el acceso a las pensiones y, ahora, reducir las bajas para ahorrarse las prestaciones.
· ATAQUE AL SISTEMA SANITARIO VASCO
Esta reforma legislativa también supone un ataque al sistema sanitario. Si consideramos la baja como un elemento recuperador más, aparte de la prestación farmacéutica, operaciones, etc. las y los médicos del sistema sanitario público no van a tener la facultad de decidir qué le prescriben al paciente, ya que todo va a depender del criterio económico de una o un “médico” del INSS o del ISM.
Conjuntamente el papel de la Inspección médica de los Departamentos de Sanidad queda claramente en entredicho. Hasta ahora, en caso de discrepancia y propuestas de alta del INSS o del ISM, era la Inspección Médica de los departamentos de sanidad, basándose en el criterio del personal médico de los servicios de salud (especialistas, atención primaria) quien dirimía la situación con un criterio única y exclusivamente sanitario.
El sistema capitalista sabe que la medida más eficaz para que una mentira se convierta en verdad es repetirla hasta la saciedad, y es lo que han hecho en este caso, repetir continuamente el “teórico fraude” en las bajas, para que la sociedad acepte una medida regresiva. A día de hoy nadie ha presentado un estudio real sobre el teórico fraude en las bajas laborales. Si existen mas bajas en contingencias comunes que en las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional es debido, fundamentalmente, al trabajo de las Mutuas, que niegan sistemáticamente el origen laboral de las patologías, dando altas prematuras, etc.
Por el contrario, y en este sentido sí hay estudios que señalan que en torno al 16% de las bajas en contingencias comunes tienen un origen laboral. Si realmente el interés está en reducir el número de bajas y el tiempo de duración de las mismas, es ahí donde habría que incidir.
A todo esto habría que añadir la situación actual de la sanidad pública. Una sanidad pública donde se esta dando un deterioro de la calidad del servicio, y así lo demuestran las listas de espera.
Se pretende así dar a entender que somos las trabajadoras y trabajadores los culpables de la situación, quienes provocamos un gasto excesivo y defraudamos a la seguridad social, cuando en muchos casos son las malas condiciones de trabajo y seguridad las causantes directas de accidentes o enfermedades. Asimismo, el no reconocimiento por parte de las mutuas del origen laboral provoca acudir a un sistema público descapitalizado y lento. Esta reforma muestra, una vez más, cuál es el fin último, descapitalizar el sistema sanitario público, por ineficaz (según criterios economicistas) y vaciarlo de contenido.
· INVASIÓN DE COMPETENCIAS
Esta modificación profundiza en el despropósito de que el INSS, una administración de ámbito estatal sin actividad sanitaria directa, al tratarse de una competencia ya transferida a las Comunidades Autónomas, pueda dictaminar sobre las posibilidades de curación o no de un paciente, incluso en contra del criterio médico del servicio de salud.
Esto supone un claro robo de competencias, por tratarse de una baja sanitaria (competencia ya transferida desde la aprobación de los distintos estatutos). ELA y LAB tenemos claro que tenemos que superar el actual marco competencial y que hay que avanzar en ese sentido, y por eso criticamos que en este caso se dé un paso atrás.
Así pues, de acuerdo con su legislación, mediante una ley de inferior rango roban unas competencias ya transferidas, dejando claro cuáles son las verdaderas intenciones, que Madrid siga marcando los ritmos y los pasos, y responder con más España.
Todo ello con el silencio cómplice de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea. Se da una centralización, robando competencias, dejando en entredicho la profesionalidad y el futuro de los profesionales de Osakidetza y Osasunbidea, pero no se dice ni una sola palabra. Se sigue el modelo marcado desde Madrid, el de la centralización, el de vaciar de contenido a las administraciones de las distintas nacionalidades del estado.
LA APUESTA DE ELA Y LAB
ELA y LAB RECHAZAMOS este medida porque:
§ Descapitaliza al sistema sanitario público dejando en entredicho la profesionalidad de las y los médicos del sistema sanitario público, y limitando su capacidad de actuación.
§ Roba competencias trasferidas, dejando en la absoluta nulidad el papel de la inspección sanitaria de la inspección médica de los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz.
§ Supone un paso atrás en el DERECHO a la salud de la clase trabajadora, dejando su salud al albur de criterios económicos.
Ante esta medida vamos a responder judicial y sindicalmente mediante la movilización y la lucha. Impulsaremos un modelo diferente en el que la salud sea un derecho en sí mismo, donde primen los criterios sanitarios por encima de los económicos y donde dispongamos de instrumentos propios para ordenar y gestionar nuestras necesidades sanitarias y las prestaciones económicas de la seguridad social; por eso queremos impulsar el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.